El Senado debatirá este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica los procesos de desalojo, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
El Senado de la Nación tratará este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce cambios en los procesos de desalojo para alquileres, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La sesión está convocada para las 14 horas.
Antecedentes del trámite legislativo
El proyecto sufrió cuatro postergaciones y fue modificado durante su tratamiento. El oficialismo retiró el capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros para asegurar los votos necesarios. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su rechazo a la desregulación de la venta de tierras a extranjeros. Además, autorizó el voto remoto de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo avanzado, decisión que generó malestar en el bloque oficialista. Villarruel no presidirá la sesión debido a que el presidente Javier Milei viajó a Ecuador y ella quedará a cargo del Poder Ejecutivo.
Principales cambios en alquileres y desalojo exprés
El proyecto modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar los plazos en casos de intrusión e incumplimiento de contratos de alquiler. Los puntos centrales son:
- Todos los juicios de desalojo tramitarán por la vía sumarísima.
- El juez podrá ordenar la desocupación inmediata en cualquier etapa del expediente, con un plazo máximo de 5 días para resolver la restitución.
- En alquileres habitacionales, el locador deberá intimar al inquilino con un plazo de gracia de 10 días corridos para regularizar el pago.
- Si residen menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe notificar a organismos de protección y puede esperar hasta 10 días antes de ejecutar el desalojo.
- Dentro de las 72 horas de la primera providencia, se realizará un reconocimiento en el lugar para identificar a los ocupantes.
Efectos sobre barrios populares
La iniciativa elimina la suspensión general de desalojos por 10 años prevista en la Ley 27.453 (RENABAP) para asentamientos informales. El Poder Ejecutivo propone transferir el proceso de regularización dominial a provincias y municipios. Según el diagnóstico oficial, tras 7 años de gestión centralizada, solo el 0,08% de los habitantes de barrios populares registrados obtuvo la escrituración de su vivienda.
Juicio abreviado y notificaciones
En las causas por morosidad o vencimiento contractual, el juez solo admitirá pruebas documentales y periciales. Las notificaciones enviadas al domicilio del contrato tendrán plena validez, incluso si el inquilino se niega a recibirlas. También se otorga validez legal al domicilio electrónico fijado en el acuerdo.
El proyecto prohíbe que el locador se niegue a recibir las llaves al finalizar el contrato. Si el propietario rechaza la devolución, el inquilino puede recurrir a la consignación judicial, y la obligación de pagar el alquiler cesará automáticamente el día de la notificación formal, siempre que el trámite se inicie dentro de los 10 días hábiles posteriores.
Se establece una multa para el propietario que obtenga un desalojo ocultando pruebas, equivalente a hasta 10 veces el valor del último alquiler.
Cambios en expropiaciones
La declaración de «utilidad pública» se interpretará de forma restrictiva. El valor indemnizable se fijará a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto oficial vinculado a la expropiación, y se actualizará por IPC más una tasa de interés comercial. Se contempla el pago de lucro cesante si el afectado lo acredita. La ocupación temporánea por parte del Estado tendrá un plazo máximo de 60 días, prorrogable por única vez por 30 días en emergencias justificadas.
Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego
La reforma elimina las restricciones que impedían cambiar el uso del suelo en campos incendiados, con excepción de bosques nativos o áreas protegidas. Se dejan sin efecto las prohibiciones de entre 30 y 60 años para desarrollos inmobiliarios o actividades agrícolas en predios afectados por incendios. Según el argumento oficial, la prohibición generaba un «doble castigo» para el propietario. La iniciativa también deroga las reformas impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández que buscaban desalentar incendios intencionales.
La votación se realizará con votos parejos y sin la participación de Villarruel en la presidencia del Senado.