Un juez laboral rechazó el planteo del Gobierno para que la causa pase al fuero contencioso administrativo, por lo que el expediente seguirá en ese ámbito hasta que una Cámara resuelva el conflicto de competencia.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 63 rechazó el intento del Gobierno Nacional de que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral pase al fuero contencioso administrativo. El fallo, del pasado 17 de abril, mantiene así trabada la medida cautelar que suspende la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización.
La CGT presentó una acción declarativa para que se declare la invalidez constitucional de gran parte de la Ley 27.802, argumentando que sus modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, las leyes de asociaciones sindicales, las convenciones colectivas y el régimen de huelga, entre otros puntos, vulneran derechos constitucionales.
Ante esta demanda, el Estado nacional planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, el cual aceptó el planteo y solicitó el expediente. Sin embargo, el juez laboral Raúl Ojeda resolvió rechazar esa inhibitoria y ratificar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el caso.
Al existir un conflicto positivo de competencia, el juez elevó el caso a la Cámara Nacional del Trabajo para su resolución definitiva. En su decisión, Ojeda fundamentó su postura en que la demanda versa exclusivamente sobre derecho social del trabajo, materia propia del fuero especializado; que la causa ya está inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema; y que desplazar la causa a un fuero no especializado podría afectar la tutela judicial efectiva de los trabajadores.