Una resolución oficial autoriza la instalación de tecnología para detectar y anular dispositivos móviles dentro de los penales, con el objetivo de impedir la coordinación de delitos desde prisión.
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó, mediante la Resolución 336/2026, la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios federales. La medida, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, tiene como objetivo impedir la comisión de delitos coordinados desde el interior de las unidades.
La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos capaces de identificar y anular equipos móviles mediante el bloqueo de sus códigos IMEI (identificador del equipo) e IMSI (identificador de la tarjeta SIM). Este procedimiento se enmarca en la Ley 24.660, que si bien regula el derecho de los internos a comunicarse, prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles dentro de los penales.
Según el anexo de la resolución, que aprueba un manual de procedimiento, se utilizarán equipos fijos de detección en zonas restringidas. Una vez identificados, los códigos de los dispositivos serán reportados a las empresas de telecomunicaciones, las cuales tendrán un plazo máximo de 48 horas para proceder al bloqueo.
La medida será aplicada en todos los establecimientos del sistema federal y abarcará tanto áreas de detención como sectores de acceso restringido. Su implementación estará a cargo del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con las empresas de telecomunicaciones. El Servicio Penitenciario Federal será responsable del monitoreo desde centros de control.
La resolución también prevé la creación de espacios específicos para el resguardo de los dispositivos móviles de funcionarios, abogados y otras personas autorizadas que ingresen a las unidades. Asimismo, establece que los sistemas deberán configurarse para no afectar las comunicaciones fuera de los establecimientos, limitando su alcance al interior de los penales.
La normativa entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, facultando al Ministerio para avanzar con la adquisición, instalación y mantenimiento de la tecnología necesaria.