Graciela Ocaña presentó un pedido formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud, señalando presuntas deficiencias en la administración y prestaciones de la OSCHOCA.
La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó formalmente la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) ante el Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman. En su presentación, argumentó que la entidad presenta graves deficiencias en su funcionamiento y que sus recursos no estarían siendo aplicados de manera adecuada para las prestaciones de salud de los afiliados.
Ocaña sostuvo que el objetivo de una intervención es asegurar la correcta administración de los recursos y la adecuada prestación de los servicios de salud. En su escrito, manifestó que, en el caso de la OSCHOCA, se configuraría una incorrecta administración de sus recursos junto con una prestación inadecuada de sus servicios.
La legisladora hizo referencia a una investigación periodística publicada recientemente, que habría destacado transferencias de fondos desde cuentas del sindicato y la obra social a fideicomisos vinculados a familiares del líder sindical Hugo Moyano. Según esa información, los fondos se habrían dirigido a empresas del sector salud, construcción y textil que integran un holding familiar.
En su pedido, Ocaña recordó que ya había formulado denuncias por situaciones similares hace casi dos décadas, las cuales se encuentran en la Fiscalía Federal N° 12. En esa causa se investigan los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Se identificó, según la denuncia, a la firma IARAI S.A. –que actuaba como gerenciadora de la obra social– como un vehículo principal para el traspaso de fondos, los cuales provienen de aportes obligatorios de empleadores y trabajadores, así como de reintegros de organismos nacionales.
En 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF) sumó una denuncia para determinar la posible existencia de una estructura empresarial que habría permitido la sustracción de fondos a través de empresas vinculadas a familiares. La Superintendencia de Servicios de Salud deberá ahora evaluar el pedido de intervención presentado.