La iniciativa, que modifica la Ley de Emergencia vigente, propone cambios en los requisitos para acceder a pensiones y beneficios, e introduce un reempadronamiento obligatorio.
El Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad. La propuesta, ingresada en el Senado bajo el nombre «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», plantea una serie de cambios en el sistema de prestaciones.
El eje central del proyecto es la derogación de varios artículos de la ley N° 27.793, lo que, según el texto, retrotrae el modelo al vigente antes de la declaración de la emergencia. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la instauración de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. El incumplimiento de este trámite podría derivar en la suspensión y posterior pérdida del beneficio.
El proyecto también establece un proceso de fiscalización que incluye el cruce de información entre organismos como ANSES, ARBA y SINTyS para detectar inconsistencias. Frente a cualquier dato que no coincida, la norma permite la suspensión preventiva de la pensión.
Otro cambio significativo es la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión no contributiva y cualquier empleo formal registrado. Esta medida eliminaría una flexibilización que la ley de emergencia había incorporado para fomentar la inclusión laboral.
En materia de financiamiento, el proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración de fondos, y elimina virtualmente el nomenclador de prestaciones, desregulando la negociación con obras sociales o prepagas. El monto de la pensión no contributiva se fijaría en el 70% del haber mínimo jubilatorio, atando su actualización a la evolución de este índice.
La iniciativa llega en un contexto político marcado por el debate sobre las políticas de discapacidad, luego de que el presidente Javier Milei vetara a fines de julio un proyecto para ampliar su protección.