El PSOE y Junts cerraron un acuerdo para que el Congreso apruebe la ley de amnistía, con modificaciones que refuerzan las garantías para los encausados por el procés, incluido Carles Puigdemont.
El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para que el Congreso apruebe la ley de amnistía. El pacto, que aún no ha sido hecho público oficialmente, incorpora cambios que dotan de «más garantías» a todos los dirigentes encausados por el procés, especialmente al líder de Junts, Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo investiga por terrorismo.
Ni los socialistas ni los independentistas han revelado los retoques y las fórmulas jurídicas incluidas en el borrador final. Fuentes de Ferraz confirmaron que la ley, con las nuevas modificaciones, seguirá siendo «absolutamente constitucional» y que no se incluirá ningún tipo de terrorismo en la amnistía, tal como exigían desde Junts, uno de los motivos que derivó en el voto negativo de los catalanes en la primera votación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una charla informal con periodistas que cubren su gira por Latinoamérica, declaró: «Se cambiará para dar más garantías, para ampliar más esos parámetros. Yo no he tenido nunca ninguna duda de que estaban todos incluidos, pero si tenemos que reforzar las garantías, lo hacemos. Todos van a ser amnistiados, se van a cubrir todos los supuestos».
En ese intercambio, Sánchez aseguró que nunca compartió las dudas de Junts porque siempre tuvo el convencimiento de que el texto original cubría todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Catalunya años atrás, pero señaló que si hay que reforzar esas garantías para disiparlas, se hará.
La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, se mostró este miércoles «satisfecha» por la «buena noticia» del desbloqueo de la ley de amnistía, después de que el PSOE, JxCat y ERC hayan podido «encarrilar» un acuerdo que podría anunciarse «en las próximas horas», según declaraciones a Catalunya Ràdio.
Para Moncloa, la aprobación de la amnistía permitirá sacar el caso Koldo de las primeras planas de las agendas informativas y «encarrilar la legislatura» mediante el fortalecimiento del bloque de investidura, dejando a tiro la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.