El ministro Federico Sturzenegger anticipó que se presentará una iniciativa para modificar el corretaje inmobiliario, lo que generó rechazo de los colegios profesionales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar el actual esquema del corretaje inmobiliario. La iniciativa, que no ingresó en junio como se había previsto, formaría parte de un paquete de reformas económicas y tributarias.
El proyecto apunta a revisar el modelo de acceso a la actividad inmobiliaria, basado en colegios profesionales provinciales que regulan la matrícula de corredores y martilleros. Entre los aspectos que se discuten están la flexibilización del acceso al ejercicio, la eliminación de barreras para la matriculación, la competencia entre modelos de intermediación y la determinación libre de honorarios por parte del mercado.
Jorge Amoreo Casotti, fundador de la plataforma PINT, sostuvo que el sistema actual «responde a un modelo pensado para un mundo que ya no existe» y que «la figura de los colegios inmobiliarios, tal como funciona en Argentina, prácticamente no existe en ninguna parte del mundo». Afirmó que la reforma permitiría ampliar la participación de nuevos actores y acelerar la incorporación de herramientas tecnológicas.
Por otro lado, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) manifestaron su rechazo. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del COFECI, declaró que «la habilitación profesional constituye una potestad de las provincias» y que la matrícula «asegura capacitación permanente, controles éticos y un régimen disciplinario que protege a los consumidores». Paula Méndez, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la eliminación de la matrícula obligatoria al considerar que podría favorecer el ejercicio informal de la actividad.
Especialistas del mercado señalaron que el costo final de una operación inmobiliaria también incluye impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas y gastos registrales, y que una reducción de la carga tributaria tendría un efecto más visible que una modificación en el sistema de matriculación.
El proyecto todavía no ingresó al Congreso.