La Ciudad de Buenos Aires derogó la obligación de rubricar la documentación laboral de los empleadores, en línea con cambios normativos nacionales. La medida rige desde el 1 de junio de 2026.
La Ciudad de Buenos Aires eliminó la obligación de rubricar la documentación laboral de los empleadores ante la autoridad local, un trámite administrativo histórico en el ámbito laboral. La medida, vigente desde el 1 de junio de 2026, fue formalizada mediante la Resolución 852/SECTE/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial porteño.
La decisión se enmarca en el proceso de simplificación administrativa impulsado por la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y responde a cambios previos a nivel nacional. La Ley 27.802 modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral se concentre en un sistema único administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Como consecuencia, las administraciones provinciales y de la Ciudad ya no pueden exigir registros o documentación distinta de la prevista por la normativa nacional.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la medida «refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente» y sostuvo que eliminar obligaciones que perdieron sustento legal «reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo».
El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno de avanzar hacia «un Estado más moderno y eficiente», eliminando trámites innecesarios sin afectar los mecanismos de fiscalización.
La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265. Desaparece el trámite administrativo, pero continúan los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad y las inspecciones en los lugares de trabajo.
La resolución establece un período de transición. El período correspondiente a mayo de 2026 será el último alcanzado por la obligación de rúbrica. Los expedientes iniciados antes del 1 de junio continuarán tramitándose bajo las normas vigentes al momento de su presentación hasta su finalización. La Dirección General de Relaciones del Trabajo deberá adecuar los sistemas informáticos, redefinir los procedimientos administrativos y establecer el mecanismo para reintegrar los aranceles que eventualmente hubieran sido abonados por trámites que ya no deban realizarse.