La Casa Rosada instruyó a la embajadora argentina en el Reino Unido para que sondee el clima político y diplomático tras el anuncio de sanciones a empresas que operan en Malvinas. El viaje del presidente a Londres, previsto para fines de octubre, permanece sin fecha confirmada.
El presidente Javier Milei dispuso que la embajadora argentina en Londres, Mariana Edith Plaza, evalúe si existen condiciones para que se concrete el viaje oficial al Reino Unido previsto para fines de octubre, en el marco del Argentina Week. La medida fue comunicada luego del anuncio de sanciones contra empresas británicas e israelíes que participan en la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.
Según fuentes de la Cancillería y de la Casa Rosada, Milei dialogó previamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el contenido del anuncio. El canciller Pablo Quirno mantuvo conversaciones con los embajadores de Estados Unidos e Israel.
“Se tensionará la relación con Gran Bretaña, pero se preservará el vínculo con Washington y Tel Aviv, porque a Israel se le explicó que esto no es contra el país, sino contra una empresa israelí, Navitas, que participa del proyecto Sea Lion”, indicaron fuentes del Palacio San Martín.
Quirno instruyó a Plaza para que explore las repercusiones del anuncio y evalúe la recepción en el gobierno británico. El canciller afirmó que mantiene expectativas de que el viaje se concrete, aunque fuentes oficiales señalaron que la visita se encuentra “congelada” hasta nuevo aviso.
Las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido), involucradas en el proyecto Sea Lion, emitieron declaraciones en las que ratificaron su continuidad en el emprendimiento, que proyecta extraer 55.000 barriles diarios de crudo. Ambas compañías indicaron que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y con respaldo del gobierno británico.
El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, recibió en diciembre de 2025 la decisión final de inversión. La primera fase contempla una inversión de aproximadamente 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción está previsto para 2028.
El anuncio presidencial se produjo después de que Trump manifestara su disposición a revisar la postura de Estados Unidos sobre el conflicto de Malvinas, en el marco de una presión hacia el Reino Unido para incrementar el financiamiento de la OTAN.
En el ámbito local, la medida fue interpretada como parte de una estrategia para recuperar centralidad en la agenda política y consolidar el apoyo de sectores nacionalistas, en el contexto de una caída en las encuestas de imagen del Gobierno.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, declaró que su administración no fue consultada sobre el anuncio de fortalecimiento de la infraestructura naval en la provincia. “Nadie me llamó”, sostuvo.
El canciller Quirno aseguró que “no se le entregará la base de Tierra del Fuego a Estados Unidos” y rechazó que Washington haya solicitado una instalación militar. Definió a la provincia como “punto neurálgico del Atlántico Sur”.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, ya contemplaba sanciones para empresas hidrocarburíferas en la zona disputada, según recordó el exministro de Defensa Julio Martínez. La novedad del anuncio oficial es la incorporación de la figura del juicio en ausencia.
El gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, evalúa la apertura de rutas marítimas de carga hacia Malvinas desde Punta Arenas, según información trascendida.