Especialistas en economía señalaron posibles riesgos en el proyecto oficial que modifica la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. Las observaciones se centran en el mecanismo de remoción de directores, la permanencia de formas indirectas de financiamiento al Tesoro y la viabilidad legal del blindaje propuesto.
El proyecto de ley que modifica la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsado por el Poder Ejecutivo, es objeto de análisis por parte de economistas. Las observaciones se centran en el mecanismo de remoción de directores, la permanencia de formas indirectas de financiamiento al Tesoro y la viabilidad legal del blindaje propuesto.
Mecanismo de remoción de directores
El proyecto establece que la remoción de los directores del BCRA requerirá el voto de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Según economistas consultados, este requisito podría dificultar el reemplazo de autoridades en caso de gestión deficiente. El mandato de los directores es de seis años, con lo cual las autoridades designadas durante la gestión actual podrían permanecer en sus cargos más allá del período presidencial.
Independencia del Banco Central
Emilio Ocampo, economista y referente en materia de dolarización, expresó su posición sobre el proyecto. Ocampo afirmó que un directorio podría actuar con manifiesta incompetencia, cometer errores técnicos graves, deteriorar el balance del BCRA o aplicar una política monetaria desastrosa sin violar de manera precisa e inequívoca una disposición de la carta orgánica. Sostuvo que la reforma confunde independencia con inamovilidad y termina debilitando la rendición de cuentas.
Ocampo también señaló que la exigencia de dos tercios es demasiado débil frente a una coalición política decidida a capturar el Banco, porque esa coalición puede modificarla con mayoría simple mediante una ley ordinaria. Añadió que es demasiado fuerte para reemplazar, respetando la legislación vigente, a un directorio que demostró ser incompetente. Propuso que, además de modificar la carta orgánica, se apruebe una ley que reglamente el artículo 75 de la Constitución Nacional, que encomienda al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda.
Financiamiento indirecto al Tesoro
Martín Redrado, ex presidente del BCRA, señaló que el proyecto prohíbe la asistencia directa al gobierno, pero mantiene formas indirectas. Redrado criticó la posibilidad de que los bancos cubran sus encajes obligatorios no solo con pesos, sino también con títulos públicos. Planteó que se trata de una forma encubierta de financiar al Tesoro y que al bajar encajes se podrá recuperar el crédito.
También se mencionó la posibilidad de que el Central intervenga en el mercado de capitales comprando y vendiendo bonos ajustables por dólar, lo que podría utilizarse para contener la cotización y facilitar el rollover de deuda del Tesoro.
Contexto político y electoral
El debate sobre la reforma del BCRA se da luego de la discusión sobre la nueva ley de Tierras. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que un eventual gobierno peronista podría expropiar y estatizar los activos privatizados durante la gestión actual. Esa declaración fue interpretada en el Gobierno como una advertencia sobre la agenda de reformas.
En 2024, un sector político expresó, mediante una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional, que no reconocería las condiciones del acuerdo con el organismo. Economistas cercanos al Gobierno señalaron que la frase de Quintela podría aumentar la percepción de riesgo político y derivar en una tendencia a la dolarización defensiva durante la campaña electoral.