La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el último recurso de Atanor S.C.A. y dejó firme la sentencia que la responsabiliza por daño ambiental irreversible en el río Paraná, a la altura de su planta en San Nicolás.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso punto final a uno de los litigios ambientales más extensos de los últimos años en el sector agroquímico argentino. El máximo tribunal provincial rechazó el último recurso presentado por Atanor S.C.A. y dejó firme la sentencia que responsabiliza a la compañía por haber provocado un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná, a la altura de su planta industrial en San Nicolás.
La resolución llega después de más de una década de reclamos impulsados por vecinos de la ciudad bonaerense y por organizaciones ambientalistas, y confirma en todos sus términos lo que ya habían resuelto la primera y la segunda instancia. Desde 2023, el expediente estaba en manos de la Suprema Corte, que finalmente avaló los fallos anteriores y cerró la discusión judicial sobre la responsabilidad de la empresa.
Los tres ejes del fallo
La causa se originó a partir de una denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, que señaló que la actividad industrial de Atanor contaminaba el río a través de sus efluentes. Según explicó Maggi, la sentencia se sostiene sobre tres pilares: la confirmación de que el daño causado al Paraná es irreversible, que la empresa operó en un marco de ilegalidad y que los controles estatales resultaron deficientes durante todo el proceso.
El fallo apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente de la provincia por no haber fiscalizado adecuadamente los compuestos químicos vinculados a la actividad de la planta. De acuerdo con Maggi, esa omisión deja la puerta abierta a consecuencias penales para funcionarios públicos, entre ellas por incumplimiento de los deberes de funcionario y por falsedad ideológica, y ya habría llamados a indagatoria para autoridades provinciales.
Fundada en 1938, Atanor es una de las principales proveedoras de agroquímicos del país y la única compañía de Latinoamérica que fabrica glifosato, fenóxidos y atrazina. Desde 1997 forma parte del Grupo Albaugh, de origen estadounidense. La planta de San Nicolás, ubicada sobre la ribera del Paraná, fue durante años el centro de las denuncias ambientales.
Contaminación comprobada
Durante el proceso se acumularon pericias técnicas y estudios científicos. Las pruebas acreditaron la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos, además de otros compuestos derivados de agroquímicos que llegaban al río a través de distintos sistemas de descarga. Un informe de la ADA de febrero de este año, con muestras de octubre de 2025 en el arroyo Yaguarón, arrojó concentraciones de glifosato de hasta 1,9 microgramos por litro y de su metabolito AMPA de hasta 1,4 microgramos por litro, además de atrazina, azoxistrobina e imidacloprid.
Maggi sostuvo que esas cifras demuestran que la empresa continuó generando impacto ambiental incluso durante los trabajos de remediación ordenados por la Justicia. Sin embargo, el informe de la ADA reconoce que, al tratarse de sustancias de uso masivo en la agricultura aprobadas por Senasa, resulta complejo determinar si la responsabilidad corresponde exclusivamente a Atanor o si existen aportes de otras fuentes. Esa es la línea de defensa de la empresa. Maggi calificó ese argumento como un intento de diluir responsabilidades.
Contexto y futuro de la planta
En marzo de 2024, la explosión de uno de los reactores en la planta de San Nicolás dejó un operario herido y obligó a evacuar a vecinos. Ese episodio endureció los controles y aceleró el cese de las operaciones de producción de agroquímicos en esa ciudad, que hoy transita un proceso de relocalización. Además de la causa ambiental, los directivos de Atanor enfrentan otro proceso judicial por delitos ambientales graves vinculados con la explosión, investigado por el fiscal Patricio Mujica Díaz. Según Maggi, los directivos serían elevados a juicio en el corto plazo.
La Justicia mantiene vigente la obligación de la empresa de continuar con las tareas de recomposición ambiental sobre el suelo y el acuífero subterráneo, ya que en el caso del río Paraná el fallo estableció que el daño es de tal magnitud que no existe una recomposición viable.