Legisladores del Peronismo Federal presentaron una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) contra 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros. Solicitan que se investigue un posible abuso de posición dominante, tasas excesivas y falta de interoperabilidad de datos crediticios.
Diputados del bloque Peronismo Federal presentaron este martes una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) contra las principales billeteras digitales del país. Solicitan que se investigue la posible comisión de prácticas anticompetitivas en el sector fintech, en el marco de la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia.
La presentación fue encabezada por el diputado Guillermo Michel y firmada por Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin. El escrito apunta a 91 billeteras virtuales y 687 proveedores no financieros, entre los que se incluyen mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar.
Según el texto de la denuncia, las entidades cuestionadas tendrían una posición relevante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos minoristas, lo que les otorgaría un poder de mercado significativo. El planteo central sostiene que la combinación de información transaccional de los usuarios, infraestructura de pagos propia y otorgamiento directo de crédito podría generar barreras de entrada para otros competidores.
En su argumentación, el diputado Michel señaló: “El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir”. Agregó que “ya existen más de 5,5 millones de deudores” y que “están destruyendo la clase media”.
La denuncia solicita a la ANC que requiera al BCRA información sobre el volumen de operaciones, participación de mercado, historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) de los últimos 24 meses, índices de morosidad y ratios de endeudamiento de cada entidad. También pide que se determine cuáles se ubicaron por encima o por debajo de la media y la mediana de las tasas.
Además, se solicita la designación de un cuerpo pericial integrado por economistas e informáticos de la ANC para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los mecanismos de scoring utilizados por las aplicaciones. El objetivo es determinar si se utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas excesivas.
La denuncia también menciona la falta de interoperabilidad de los datos crediticios. Sostiene que los historiales transaccionales no se comparten entre las distintas entidades financieras y no financieras, lo que dificulta que los usuarios trasladen su reputación crediticia a otros proveedores y limita la competencia.
En cuanto a las normas que podrían haberse vulnerado, la presentación cita la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia, el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, disposiciones de la Ley Nº 24.144 (Carta Orgánica del BCRA) y los artículos 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, referidos al abuso de derecho y al abuso de posición dominante.
Si la ANC abre formalmente la investigación, deberá producir las medidas probatorias requeridas, lo que incluye los pedidos de información al BCRA, la auditoría de algoritmos y el análisis de tasas. En caso de comprobarse irregularidades, el organismo podría disponer el cese de las conductas y aplicar sanciones de hasta el 30% de las ventas de la empresa infractora en el mercado afectado.