El Poder Ejecutivo prepara un nuevo paquete de desregulaciones que incluye la comercialización de fármacos de venta libre en supermercados, quioscos y plataformas digitales. La iniciativa generó la oposición de confederaciones farmacéuticas, que ya lograron fallos judiciales que frenan disposiciones previas.
El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzan con un proyecto de reforma del Estado que contempla la habilitación de la venta de medicamentos de venta libre en establecimientos distintos de las farmacias, como supermercados, quioscos y plataformas de comercio electrónico. La medida forma parte de un megapaquete de desregulaciones que el Gobierno busca implementar mediante facultades delegadas.
Según el borrador del proyecto, se permitiría la comercialización de medicamentos de venta libre en otros comercios y canales digitales, siempre que cumplan con condiciones técnicas establecidas por la autoridad sanitaria para garantizar la trazabilidad. También se prevé que las farmacias puedan utilizar plataformas de terceros para la exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expendio restringido, habilitando el envío a domicilio. Además, se flexibilizaría el régimen de propiedad de las farmacias, que podrían constituirse bajo cualquier figura jurídica, y se permitiría que las droguerías despachen recetas al público si se constituyen formalmente como farmacias. Se incorporaría la obligatoriedad de archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.
La iniciativa se enfrenta a la oposición de confederaciones farmacéuticas. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió una medida cautelar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a la Federación Farmacéutica (Fefara), suspendiendo varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 vinculados a la comercialización de medicamentos. Asimismo, el Juzgado Federal N.° 2 de Mendoza falló a favor del Colegio de Farmacéuticos de esa provincia y suspendió, con alcance nacional, la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias prevista en los decretos 70/23 y 63/24, restituyendo la vigencia del artículo 1° de la Ley 17.565. Dicho artículo establece que la preparación de recetas y la dispensa de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas que requieran prescripción solo podrán efectuarse en farmacias habilitadas, y que su venta fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia.
Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, afirmó que “se banaliza un producto crítico que requiere control médico y farmacéutico estricto, cadena de frío y trazabilidad”. Sostuvo que los supermercados, quioscos e internet “no garantizan la seguridad ni la correcta conservación de los remedios”. También cuestionó el argumento económico del Gobierno: “Está demostrado que estas medidas no bajan los precios. En junio la inflación fue del 1,9% y los medicamentos aumentaron un 2,6%, un 52% por encima del índice general”. Peretta agregó que “hace 35 años operan prácticamente los mismos 300 laboratorios y los primeros 20 concentran el mercado. Allí está la verdadera falta de competencia”.
Héctor Milanesi, farmacéutico y exconsejero del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, declaró que “esto es una locura que va en contra del raciocinio de cualquier médico o farmacéutico. La venta indiscriminada de medicamentos, aunque sean de venta libre, genera automedicación e intoxicación”. Advirtió que los fármacos requieren condiciones específicas de almacenamiento: “En las farmacias controlamos temperatura y humedad. Los medicamentos no pueden permanecer al sol ni en cualquier góndola porque pierden eficacia y pueden descomponerse”. Milanesi también expresó preocupación por la expansión de las ventas online, que dificulta garantizar la trazabilidad y la autenticidad de los productos, incrementando el riesgo de circulación de medicamentos falsificados. Cuestionó además los cambios en la estructura societaria de las farmacias, que permitirían sociedades anónimas y la posibilidad de que un mismo farmacéutico figure como responsable de varias sucursales: “El medicamento es un bien social, no una mercancía. El farmacéutico no solo entrega una caja; asesora al paciente, explica cómo debe administrarse el tratamiento y previene errores”.
Miguel Lombardo, titular de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), indicó que ya existen fallos judiciales que frenaron los decretos 70/23 y 63/24.
La discusión se enmarca en un plan de reformas más amplio que incluye la liberación del precio de los libros, la desregulación del mercado inmobiliario, cambios en el régimen de arrendamientos rurales, la liberalización del precio de las garrafas, modificaciones al sistema financiero para aceptar criptomonedas como garantía, reformas en la navegación fluvial, la eliminación de exigencias para traductores públicos y cambios en el régimen de cooperativas vitivinícolas.