El Senado tratará este jueves el proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada, con atención en el capítulo que elimina el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La sesión fue convocada para las 12:00.
Tras más de un mes de negociaciones, el Senado tratará este jueves el proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La sesión fue convocada para las 12:00 y también incluirá 29 pliegos judiciales y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.
El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, introduce cambios en desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y en los requisitos para que los extranjeros adquieran tierras rurales. El capítulo sobre tierras a extranjeros se convirtió en el eje central de la discusión.
El quórum para abrir la sesión está asegurado, según fuentes del oficialismo y de la oposición. El Gobierno apeló al apoyo de gobernadores dialoguistas. La senadora tucumana Beatriz Ávila (Independencia) viaja para la sesión por pedido de Osvaldo Jaldo, y la neuquina Julieta Corroza, que responde a Rolando Figueroa, también asistirá.
Los tres senadores de Convicción Federal darían el presente, aunque no están a favor del capítulo que elimina el límite del 15% del territorio nacional para la venta de tierras a extranjeros, según fuentes del bloque. La mayor dificultad para la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich está en ese tema.
Bullrich negoció con los bloques provinciales, la UCR y el PRO hasta el punto de circular 13 borradores distintos sobre ese capítulo. El Gobierno aceptó mantener algunas prohibiciones y compartir con las provincias el poder de autorizar la venta, pero su objetivo central es suprimir el límite actual.
Fuentes oficialistas se mostraron confiadas en lograr la aprobación con ayuda de los bloques alineados con gobernadores, pero reconocieron que el resultado puede ser ajustado. En otra oficina del Senado señalaron que la sesión se mantiene viva por los pliegos de jueces, en particular por el del juez Víctor Pesino, quien cumple 75 años el 27 de julio.
Diversos sectores, como la CGT, la Iglesia y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, pidieron que se rechace la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros, con críticas dirigidas a los grandes empresarios tecnológicos y su interés en tierras y recursos estratégicos del país. En particular, se menciona el vínculo entre Milei y Peter Thiel, magnate de la industria de datos e IA.
El objetivo central del Gobierno es eliminar el límite legal del 15% del territorio nacional para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, establecido en la Ley de Tierras Rurales de 2011. En la negociación, el oficialismo aceptó que la regulación final sea potestad de los gobiernos provinciales y mantener la prohibición para Estados extranjeros. Sin embargo, las empresas con participación estatal extranjera podrán adquirir tierras si cuentan con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
El último borrador incluye que la autorización se regirá por el régimen de silencio administrativo positivo, con un plazo de 60 días. Si no hay respuesta, la autorización se considera otorgada automáticamente.
En materia de desalojos, el proyecto dispone que la acción de desalojo se sustanciará por el procedimiento de juicio sumarísimo. Cuando sea contra tenedores precarios, intrusos u ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble en cualquier estado del juicio. Para casos de falta de pago en contratos de alquiler, se otorga un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal antes de iniciar la demanda. En procesos sumarísimos, el juez deberá observar si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional.
En expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y que la expropiación debe ser idónea, necesaria y proporcional. La indemnización por lucro cesante no podrá exceder el 30% del valor del daño emergente. El valor del bien se determinará a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto vinculado con la expropiación, actualizado conforme al IPC más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco Nación.
El Gobierno confía en obtener la media sanción del proyecto en el Senado. El tema recién se trataría en Diputados en agosto.