La compañía chaqueña CARSA S.A., que opera bajo licencia la marca Musimundo, presentó un pedido de concurso preventivo ante la Justicia de Resistencia, Chaco, para evitar la liquidación de sus activos.
La crisis de CARSA S.A., empresa chaqueña que opera bajo licencia la marca Musimundo, ingresó en una etapa decisiva. La compañía solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, Chaco, en un intento por frenar el deterioro financiero, ordenar sus deudas y evitar una liquidación desordenada de sus activos.
La presentación judicial, que tramita bajo el expediente «CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo», fue comunicada al mercado este martes 6 de julio mediante un informe enviado por la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Posteriormente, fue ratificada por la totalidad de los accionistas en una asamblea que se llevó a cabo el mismo día. En dicha asamblea se explicó que la decisión se tomó después de que la compañía admitiera que ya no estaba en condiciones de afrontar regularmente sus compromisos financieros.
El dato que precipitó la presentación judicial fue el rechazo de cheques por falta de fondos por aproximadamente $1.593,4 millones. A eso se agrega la existencia de otros cheques de pago diferido con fechas de presentación hasta el 31 de octubre de 2026 por un total de $2.480 millones. La documentación societaria no permite establecer si el monto de los documentos ya rechazados está completamente fuera de esos $2.480 millones o si existe alguna superposición entre ambas cifras, por lo que no corresponde sumar automáticamente ambos montos como una deuda adicional de casi $4.100 millones.
La situación de la dueña de Musimundo es más grave que una cantidad de cheques rechazados. Según datos financieros disponibles utilizados por Moody’s Local Argentina, el pasivo total de CARSA es de aproximadamente $63.503 millones, frente a los $54.874 millones y $44.822 millones registrados en períodos anteriores comparables. La compañía venía acumulando pérdidas y una creciente presión sobre su estructura financiera. El concurso preventivo aparece como la última herramienta para intentar evitar que la crisis de liquidez termine en un desmembramiento de la compañía.
CARSA nació en Chaco y construyó una de las mayores redes comerciales del negocio de electrodomésticos del interior del país. Durante su período de expansión llegó a operar más de 100 puntos de venta y su dotación se ubicó por encima de los 2.000 empleados. Actualmente, la compañía mantiene presencia comercial en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Buenos Aires, y la operación se concentra en el norte argentino. La reducción de la red quedó expuesta este año cuando la compañía convocó a una asamblea para analizar una oferta por la transferencia de 45 sucursales. Moody’s Local Argentina colocó en mayo pasado la calificación de CARSA en revisión a la baja, advirtiendo que, si la transferencia se concretaba, la empresa dejaría de operar esos activos y destinaría los fondos a cancelar compromisos.
En las actas que respaldaron la presentación concursal, el directorio de CARSA realizó un diagnóstico detallado de las causas del deterioro. La conducción ubicó el inicio de la crisis en marzo de 2025, cuando comenzó una retracción de la demanda que afectó las ventas de electrodomésticos y bienes durables. A esa caída del consumo agregó la competencia de mercadería ingresada ilegalmente al país, la reducción de los márgenes comerciales provocada por una mayor oferta de productos importados, las dificultades del mercado de consumo masivo y los problemas de abastecimiento de productos esenciales. La empresa también hizo referencia a una reconfiguración de la matriz productiva argentina.
Según documentación societaria, CARSA había perdido alrededor de $11.500 millones en el período anterior y otros $4.500 millones durante el primer trimestre de 2026. José María Franchino, presidente de CARSA, sostuvo que el concurso permitirá preservar la continuidad operativa, proteger el patrimonio, mantener el valor de los activos, resguardar las fuentes de trabajo y negociar de manera ordenada con los acreedores.
La crisis económica se desarrolló en medio de una fuerte disputa interna entre los principales accionistas de CARSA. La estructura societaria tiene como accionista mayoritario a José María Franchino, mientras que JAS Inversora mantiene una participación relevante. Las diferencias entre los socios quedaron expuestas en reuniones de directorio y asambleas, y llevaron a una intervención judicial en la vida societaria y a la designación de un veedor. Sin embargo, frente a la posibilidad concreta de una cesación de pagos, los accionistas terminaron respaldando por unanimidad la presentación concursal.
En junio de 2018, CARSA había solicitado por primera vez la apertura de su concurso preventivo. En aquel momento, la primera información pública hablaba de una deuda superior a los $1.000 millones, y estimaciones posteriores elevaron el pasivo a alrededor de $3.000 millones. El proceso judicial no avanzó hasta una reestructuración concursal completa y la empresa alcanzó acuerdos privados, reestructurando pasivos por casi $5.500 millones. La diferencia con aquel escenario es que ahora la empresa llega a la Justicia con una estructura comercial mucho más reducida, pérdidas acumuladas, cheques rechazados, dificultades para financiar capital de trabajo y una crisis societaria.
La presentación del concurso no implica el cierre automático de la empresa ni de sus locales. El primer paso será la decisión judicial sobre la apertura formal del proceso. En caso de ser admitido, se pondrá en marcha el procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, que incluye la designación de la sindicatura, la presentación y verificación de créditos y la determinación de los acreedores habilitados para participar de una futura negociación. CARSA deberá elaborar una propuesta de reestructuración y conseguir las mayorías legales necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo. Durante ese período, la compañía podrá continuar operando, aunque bajo las restricciones y controles del proceso concursal.