La presidenta del Congreso, Francina Armengol, afirmó este martes que no recibió órdenes ni presiones de la trama Koldo para comprar mascarillas y rechazó la petición del PP de su dimisión.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no aclaró quién del Ministerio de Fomento, que por entonces dirigía José Luis Ábalos, les aconsejó contratar esa empresa.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol dio por primera vez explicaciones públicas sobre la compra que su Ejecutivo hizo a la empresa que está siendo investigada, Soluciones de Gestión.
El PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando ella era presidenta de Baleares.
La presidenta del Congreso apuntó contra Génova («no todo vale en política», dijo) y señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
Agregó sobre su accionar en la contratación que ahora está bajo la lupa: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado ocho años la comunidad autónoma, y cuatro años el Consell Insular de Mallorca. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa u otra. Jamás en la vida, porque yo no soy de esas, porque yo tengo claro por qué estoy en política, y por eso salgo aquí a defenderlo con toda claridad», se defendió.
Para Armengol «ahora es muy fácil decir según qué cuestiones», pero en aquel momento Baleares «compró legalmente» con «contratos bien hechos».
«En este concreto caso, de lo que se está hablando es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2, y nosotros, la comunidad autónoma, decidido por el servicio de salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas. Estábamos en abril de 2020, con una situación terrible para la ciudadanía», contó Armengol.
Después, según su relato, el Gobierno envió las mascarillas a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
«Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake. No. Son mascarillas que no filtran como FFP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material, y se trabaja intensamente desde el servicio de salud para ver qué diferencia de precio hay si son FFP2 o si son solo quirúrgicas para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Esa es la cuestión», justificó Armengol.
También recordó que la reclamación se hizo antes de las pasadas elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma». «Esa es la realidad, eso es lo que hizo mi Gobierno», añadió.
Armengol aclaró que la «responsabilidad» de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas la tiene ahora el nuevo Ejecutivo, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma».