La iniciativa establece un umbral mínimo de inversión de u$s1.000 millones y apunta a sectores como inteligencia artificial y biotecnología. Se prevé que el debate en comisiones comience la próxima semana.
El Gobierno nacional envió esta semana a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado «Súper RIGI», cuyo nombre oficial es «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias». La iniciativa busca captar inversiones superiores a u$s1.000 millones para sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica.
Según fuentes parlamentarias consultadas, la bancada oficialista prevé que el proyecto comience a discutirse en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación entre el martes y miércoles próximos. La comisión cabecera será Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch. Las otras dos comisiones están encabezadas por José Luis Garrido (aliado de La Libertad Avanza) y Martín Yeza (PRO), respectivamente.
En el escenario más optimista para el oficialismo, si el debate en comisiones se resuelve en dos jornadas, el proyecto podría llegar al recinto el miércoles 10 de junio. Sin embargo, fuentes parlamentarias indicaron que lo más probable es que la discusión se extienda más allá de la próxima semana, y la aspiración de La Libertad Avanza sería firmar el dictamen y darle media sanción antes del receso de invierno, que comienza a mediados de julio.
El contexto político actual incluye internas dentro del oficialismo y el escándalo por los gastos de Manuel Adorni, lo que podría influir en el tratamiento del proyecto. No obstante, un primer análisis muestra un escenario favorable para el oficialismo: en la comisión de Presupuesto y Hacienda cuenta con 28 voluntades entre propios y aliados sobre 49 integrantes, proporción similar en las otras dos comisiones.
El «Súper RIGI» es una versión potenciada del RIGI original incluido en la Ley Bases, aprobada en 2024. Cuando Diputados le dio media sanción a la Ley Bases, el capítulo del RIGI obtuvo 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones. El RIGI original ya acumula 38 proyectos de inversión presentados, de los cuales 14 fueron aprobados, 23 están en evaluación y uno fue rechazado, con un monto comprometido de u$s107.176 millones.
El nuevo régimen establece un umbral mínimo de inversión de u$s1.000 millones por proyecto, con un desembolso mínimo del 20% en los primeros dos años. Quedan excluidas las ampliaciones o modernizaciones de plantas existentes; solo alcanza a emprendimientos nuevos canalizados a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Los principales beneficios fiscales incluyen una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15% (frente al 25% del régimen vigente), amortización acelerada (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero), deducción ilimitada de quebrantos y posibilidad de transferirlos a terceros luego de cinco años. En IVA, se mantiene el sistema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones con opción de transferir remanentes si la devolución demora más de tres meses.
El régimen tendrá una vigencia de cinco años desde su aprobación legislativa. Las provincias y municipios deberán adherir expresamente para que los beneficios tengan alcance pleno. El proyecto establece que cualquier regulación local que limite esos incentivos será considerada «nula de nulidad absoluta».
Entre los diez puntos principales del proyecto se destacan: sectores alcanzados (inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital), monto mínimo de inversión (u$s1.000 millones), proyectos nuevos y exclusivos a través de VPU, plazo de vigencia de cinco años, beneficios fiscales (alícuota reducida de Ganancias al 15%), menor carga sobre dividendos (tasa del 3,5% después de cuatro años), ventajas aduaneras (exención de derechos de importación y exportación), acceso gradual a divisas (20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero), garantías de estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y adhesión obligatoria de provincias y municipios.