La presidenta del Congreso, Francina Armengol, afirmó este martes que no recibió órdenes ni presiones de la trama Koldo para comprar mascarillas y rechazó las peticiones de dimisión del PP.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material. No obstante, no aclaró quién del Ministerio de Fomento, que por entonces dirigía José Luis Ábalos, les aconsejó contratar a la empresa Soluciones de Gestión.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol dio por primera vez explicaciones públicas sobre la compra que su Ejecutivo hizo a la empresa investigada. El PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir su dimisión por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando ella era presidenta de Baleares.
Armengol apuntó contra Génova: «No todo vale en política», y señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario». Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
Agregó sobre su accionar en la contratación: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Sostuvo que gobernó ocho años la comunidad autónoma y cuatro años el Consell Insular de Mallorca, y que jamás dio instrucciones para contratar a una empresa u otra.
Para Armengol, «ahora es muy fácil decir según qué cuestiones», pero en aquel momento Baleares «compró legalmente» con «contratos bien hechos». Explicó que la compra fue de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros, que se vendieron como FFP2 y que el servicio de salud decidió adquirirlas porque los técnicos consideraron necesario tener ese material en abril de 2020, en plena pandemia.
Según su relato, el Gobierno envió las mascarillas a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Los resultados indicaron que no eran malas ni falsas, sino que no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas, por lo que se decidió almacenarlas. Armengol recordó que la reclamación de la diferencia de precio se hizo antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma».
Finalmente, aclaró que la «responsabilidad» de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas la tiene el nuevo Ejecutivo, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», concluyó.