Mientras Pedro Sánchez evalúa su futuro al frente del Gobierno español tras las denuncias contra su esposa, en el PSOE comienzan a considerar escenarios para una posible repetición electoral. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, emerge como una de las opciones internas.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) transita horas de incertidumbre mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evalúa si renunciar a su cargo tras las denuncias presentadas contra su esposa, Begoña Gómez. Según fuentes socialistas consultadas, Sánchez solo ha conversado con su núcleo familiar y la decisión se conocerá al mismo tiempo que los medios de comunicación.
En este contexto, el partido lanzó una campaña en redes sociales bajo la consigna “vale la pena”, en un intento por instar a Sánchez a continuar al frente del Ejecutivo.
Ante la posibilidad de una repetición electoral, en el PSOE se barajan cuatro escenarios, según publicó el medio LPO: que Sánchez no renuncie y continúe como líder reforzado; que se someta a una cuestión de confianza; que renuncie y otro candidato se presente a la investidura con el actual Congreso; o que se convoquen elecciones, opción esta última considerada la más compleja constitucionalmente.
Entre estas alternativas, cobra fuerza el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como candidata ante una eventual repetición electoral o un nuevo proceso de investidura. Montero es una de las figuras que más ha crecido dentro del PSOE en el último tiempo, caracterizada por un estilo confrontativo y una absoluta lealtad a Pedro Sánchez.
En paralelo, la asociación Hazte Oír presentó una querella ante el juez Peinado para que se acumule a la denuncia del colectivo Manos Limpias, que la Fiscalía pidió archivar. La organización vincula el incremento de la facturación de empresas vinculadas a Begoña Gómez con su presunta mediación. Sostiene que la empresa en la que trabajó Gómez, su compañero de cátedra y la empresa Globalia podrían haberse beneficiado de ayudas y subvenciones públicas concedidas por el Gobierno, por un presunto delito de tráfico de influencias.