La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió la denuncia penal contra la AFA y pidió indagatorias para su presidente, el tesorero y otros dirigentes por un esquema de facturación falsa que habría evadido casi 300 millones de pesos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino de integrar una presunta «asociación ilícita fiscal» destinada a utilizar facturación apócrifa para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por alrededor de $19.000 millones. Ahora, el organismo encabezado por Andrés Vázquez avanzó con una hipótesis más delicada para la conducción del fútbol argentino: la existencia de una estructura organizada que habría operado mediante empresas consideradas «no confiables» para emitir comprobantes falsos y justificar gastos sin respaldo económico real.
Según surge del expediente CPE 1182/2025, la maniobra investigada habría generado un perjuicio fiscal de $289.336.519,66 entre 2023 y 2025. De acuerdo con la denuncia, la AFA habría contratado supuestos servicios y obras con empresas que no contaban con capacidad económica, financiera ni operativa para realizar las tareas facturadas. Luego, esas firmas emitían comprobantes electrónicos que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran efectuados principalmente mediante cheques que circulaban con múltiples endosos, dificultando la trazabilidad de los fondos y el rastreo de los beneficiarios finales.
Para ARCA, el circuito financiero era clave dentro del supuesto esquema de evasión. El organismo señaló que el 77,11% de los pagos investigados se realizó mediante cheques y apenas el 22,89% vía transferencias bancarias. La denuncia sostiene que muchos de esos instrumentos terminaron en manos de terceros sin vínculo comercial directo con las operaciones originales. Incluso, algunas compañías informaron haber recibido cheques vinculados a proveedores de la AFA para cancelar operaciones ajenas al fútbol.
Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA. También fueron mencionadas Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según el escrito judicial, muchas de esas sociedades presentaban características típicas de «usinas de facturación»: domicilios inexistentes, ausencia de empleados registrados, falta de maquinaria o infraestructura y actividades incompatibles con los montos declarados.
Además de Tapia y Toviggino, la ampliación de la denuncia menciona al secretario de la AFA, Víctor Blanco Rodríguez; al dirigente Cristian Malaspina; y al director general Gustavo Lorenzo. ARCA pidió que todos ellos sean convocados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas. El organismo sostiene que la utilización de facturas apócrifas no habría sido un hecho aislado sino un mecanismo permanente y coordinado dentro de la estructura económica investigada.
La denuncia incluye un detalle de los períodos fiscales bajo análisis. Entre los montos más elevados aparecen cifras que superan ampliamente los umbrales previstos por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de comprobantes falsos, contemplada en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430. El organismo considera además que la continuidad temporal de las maniobras, la coordinación entre distintos actores y la presunta estructura organizada podrían configurar el delito de asociación ilícita fiscal.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia Penal Económica, que deberá definir si avanza con nuevas medidas de prueba y eventuales citaciones a indagatoria para los dirigentes involucrados.