La central obrera presentó este lunes una recusación contra los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que revocaron la cautelar que suspendía la reforma laboral. Además, solicitó la nulidad absoluta de la resolución y cuestionó la imparcialidad de los jueces.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito de recusación contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quienes días atrás reactivaron de forma provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
En el mismo documento, la central obrera pidió la nulidad “absoluta” del fallo, al considerar que los magistrados incurrieron en prejuzgamiento al adelantar opinión sobre el fondo del conflicto. Según la CGT, los jueces afirmaron que la reforma no afecta a sectores “socialmente vulnerables” ni compromete el derecho a una vida digna, lo que implica desconocer el carácter alimentario del salario y la situación de vulnerabilidad estructural de los trabajadores en relación de dependencia.
La recusación incluye objeciones particulares contra el juez Pesino, quien tiene un pedido en trámite ante el Consejo de la Magistratura para continuar en su cargo más allá de los 75 años, edad límite establecida por la reforma constitucional de 1994. La CGT considera que la coincidencia temporal entre ese trámite y el fallo favorable al Estado genera una “causa objetiva de apartamiento”, ya que el magistrado podría tener incentivos para resolver a favor del Gobierno.
La presentación sindical se inscribe en el conflicto más amplio en torno a la reforma laboral, que había sido parcialmente suspendida por decisiones judiciales anteriores. La resolución de la Cámara del Trabajo revirtió ese escenario y habilitó nuevamente la aplicación de numerosos artículos de la ley, lo que generó una rápida reacción de la CGT.
Con la recusación y el pedido de nulidad, la central busca frenar los efectos del fallo y reabrir la discusión sobre la validez de la medida cautelar original. El caso podría escalar a instancias superiores si se mantienen las divergencias entre las partes. De prosperar la recusación, nuevos jueces deberían revisar todo el expediente desde cero.