Números del horror: Correpi presentó su informe anual sobre violencia estatal contra la población

Desde 1996 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elabora cada año un informe con el listado de víctimas y el estado de situación en la materia. Desde hace treinta años, ante la inexistencia de registros oficiales garantizada por todos los gobiernos, ese informe representa una de las fuentes más confiables para saber cómo, cuándo, dónde y por qué el Estado mata a ciudadanos y ciudadanas de diversas modalidades.

Este jueves la Correpi presentó su Informe de la Situación Represiva Nacional 2025, con datos actualizados a enero último. “Continuamos actualizando año tras año nuestro archivo a partir de la investigación y relevo de casos en medios nacionales y locales, pero sobre todo a partir de la colaboración y cobertura de medios alternativos y organizaciones que nos hacen llegar información de difícil acceso o que se oculta deliberadamente”, dice el organismo de derechos humanos en su presentación.

En el estudio (que puede verse completo acá) se afirma que con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich a la Casa Rosada se produjo “un verdadero cambio de régimen”, basado en la reestructuración desde el Estado del “sistema normativo público y privado”, afectando “buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida”.

En ese marco, destaca que “el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad” provocaron “un gran incremento de las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil, las dos modalidades preponderantes en el Archivo” que confecciona Correpi .

Según la organización dirigida por María del Carmen Verdú, se está ante la presencia de “un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades”. Récord logrado a partir de un mayor empoderamiento y vía libre para todas las policías y servicios de inteligencia y penitenciarios. También a través del endurecimiento de leyes y normativas, con el hito reciente de la aprobación de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Y, por supuesto, con la represión a la protesta social como una marca registrada del gobierno de La Libertad Avanza.

Bajo el gobierno de Milei, se denuncia, “todas las fuerzas de seguridad son compatibilizadas expresamente con la reinstalación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y las fronteras ideológicas, para perseguir a los ‘enemigos’ marcados desde el gobierno y en especial por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejando en evidencia el rol de ejecutor de las políticas de EEUU y su socio, el Estado de Israel”.

El informe consigna que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026 se contabilizaron 10.181 muertes en Argentina provocadas por las fuerzas represivas estatales con diferentes modalidades. De ese total, 1.056 (el 10,4 %) se produjo durante los primeros 25 meses del gobierno liberfacho. “Nunca -ni siquiera en la anterior gestión ministerial de Bullrich bajo la presidencia de Macri– un gobierno llegó tan lejos en la expresa legitimación del gatillo fácil como política de Estado”.

Agrega que “en la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), confluyen los clásicos ‘suicidios’, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no se presta auxilio o se hace tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados ‘coches-bomba’ (sicarios)”.

“También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). La muerte de personas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro es la modalidad de mayor incidencia numérica”, afirma Correpi .

Sociedad encarcelada

Como causal de estas muertes aparece un largo y progresivo proceso de encarcelamiento ocurrido durante las últimas décadas, con el endurecimiento de penas y demás recursos punitivos sobre la población. Proceso profundizado a partir de las llamadas “Leyes Blumberg” del año 2004, impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces las cárceles y comisarías de todo el país nunca dejaron de llenarse de jóvenes, sobre todo pobres, quienes mayoritariamente pasan años encerrados sin tener siquiera una condena en primera instancia.

Correpi recuerda que “en 2001 había 34.000 personas privadas de su libertad en todo el país” y que hoy ese número “ronda al menos 135.000 y con un ritmo creciente”. Y aclara: “Las causas de esta suba masiva de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron. En 2001, la tasa de homicidios dolosos era de 8,6 cada 100.000 habitantes. En 2025, descendió a 3,7. Es similar la diferencia en delitos como robo, robo agravado y robos en grado de tentativa”.

Diferentes uniformes, una misma violencia

Respecto a los crímenes cometidos en lo que va de gobierno de Milei, en su desglose por fuerzas actuantes en cada muerte Correpi muestra “una imagen precisa de la intervención de cada una. El 60,15 % de las muertes (622 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales y federal; le siguen las policías provinciales con el 31,24 % (323 muertes); la Policía de la Ciudad, 4,74 % (49 muertes), la Policía Federal, 2,80 % (29 casos) y bastante más lejos Gendarmería (6 muertes); Prefectura (2 muertes) y otras fuerzas como las Armadas”.

Entre las fuerzas locales más asesinas están la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense. Ambas son conducidas desde años por gobiernos de signos políticos opuestos. Una por el macrista PRO y la otra por el peronismo de Unión por la Patria. En los últimos nueve años, siempre según el informe de Correpi , la Policía porteña asesinó a 195 ciudadanos y la bonaerense a 630. Teniendo en cuenta la cantidad de efectivos que integra cada fuerza, ambas tienen altísimas tasas de asesinatos.

En ese marco, si se excluyen del análisis los casos protagonizados por personal de penitenciario, “que en casi su totalidad corresponden a muertes bajo custodia”, y se hace foco en el resto de las fuerzas, “resulta abrumadora la incidencia del uso del arma reglamentaria fuera de servicio”. Por eso Correpi insiste en “la prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil, lo que redundaría de inmediato en una baja importante del gatillo fácil, además de disminuir las muertes intrafuerza”.

Siempre, contra la juventud y los sectores populares

“Si desglosamos por rango de edad, excluyendo los casos en que carecemos del dato de la edad, en la mayoría de muertes bajo custodia, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión Milei, y representa el 40 % del total, seguida por el 28 % entre 26 y 35. Niños y niñas de menos de 14 años representan el 5 % y las personas de 36 a 45 años, el 17 %”, detalla el informe de Correpi .

En sus conclusiones, el texto remarca que “así como da cuenta de una política de control y disciplinamiento social propia de un sistema de división de clases, el análisis comparativo de las diversas gestiones es prueba eficiente de cómo se agrava cuando, como sucede hoy, la brecha de desigualdad se profundiza”, en referencia al plan económico en curso, una de cuyas características es la larga lista de daños ocasionados en lo social.