El Ejecutivo dio un plazo de dos semanas para frenar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte e inició un arbitraje internacional. También anunció sanciones contra THALES UK LIMITED por vuelos no autorizados entre las islas y Chile.
El Gobierno intimó formalmente al Reino Unido este lunes y le otorgó un plazo de dos semanas para detener las actividades de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida apunta al proyecto Sea Lion, que opera en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires exige que Londres adopte las medidas necesarias para «impedir el inicio o la continuación» de esas actividades extractivas.
El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un mecanismo internacional que permite llevar controversias marítimas ante tribunales especializados. Según el comunicado oficial, se busca impedir la explotación de hidrocarburos en la cuenca y evitar que se otorguen nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
En caso de que Londres no responda en el plazo establecido, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es «contraria al derecho internacional» y provoca un «perjuicio irreversible e irreparable». El Tribunal, con sede en Hamburgo, tiene potestad para ordenar medidas urgentes cuando existe riesgo de daño grave o irreparable a derechos marítimos en disputa.
«LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras», publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado oficial.
El Ejecutivo invocó instrumentos internacionales clave. El más citado es la Resolución 2065 (XX) de la ONU, que reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido por el archipiélago e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También mencionó la Resolución 31/49 de la ONU, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el reclamo. Según Buenos Aires, el proyecto Sea Lion viola directamente esa norma.
«La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina», enfatizaron las autoridades nacionales.
En el texto oficial, el Gobierno manifestó su «rechazo categórico» a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Rosada remarcó que «la pretendida denominación de las Islas Malvinas como ‘Territorio Británico de Ultramar’ y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
Además de la intimación por el proyecto Sea Lion, el Gobierno anunció sanciones contra la empresa británica THALES UK LIMITED, detectada realizando vuelos en la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile. La empresa operó con una aeronave de matrícula del Reino Unido sin autorización de las autoridades argentinas.
Por eso, el Presidente ordenó a los equipos de Gobierno «dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes».
El comunicado cierra con una advertencia: «La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas».