La reforma al Régimen de Zona Fría, sancionada en el Senado, elimina la cobertura automática en la franja central del país y establece que los hogares fuera de la Patagonia, la Puna y Malargüe deberán inscribirse en el Subsidio Energético Focalizado para conservar la bonificación. Según estimaciones oficiales y privadas, las facturas podrían aumentar hasta un 100% para quienes pierdan el beneficio.
La reciente sanción en el Senado del nuevo régimen de Zona Fría modifica el cálculo de las facturas de gas en la Argentina. La iniciativa retrotrae la cobertura geográfica automática del beneficio únicamente a la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. De este modo, queda sin efecto la ampliación aprobada en 2021, que había incorporado a unos 3,35 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y San Juan.
Quienes no residan en los territorios patagónicos o de alta montaña deberán calificar en el Subsidio Energético Focalizado (SEF) para conservar algún tipo de asistencia en sus boletas. Este régimen está vigente desde comienzo de año como parte del proceso de reducción del aporte del Estado a las cuentas de los hogares.
De los 3,35 millones de hogares desplazados, aproximadamente 1,6 millones son de ingresos medios o altos y no califican para el SEF, por lo que perderán la totalidad del beneficio. El resto corresponde a familias que podrán conservar la bonificación únicamente si solicitan y demuestran vulnerabilidad en el registro del SEF.
Durante la sesión del jueves, el Senado convirtió en ley la reforma al Régimen de Zona Fría con 38 votos afirmativos y 8 en contra. El debate se desarrolló con la ausencia del bloque peronista, que se retiró del recinto previo a la discusión en reclamo por el tratamiento de la norma. El oficialismo logró una mayoría ajustada con el apoyo de gobernadores aliados y bancadas provinciales, incluyendo compromisos informales del Poder Ejecutivo para reglamentar compensaciones eléctricas a las provincias del Norte durante los meses estivales.
Impacto en las facturas
Un informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea tomó como modelo a un usuario residencial de categoría R2-2 en Bahía Blanca, con un consumo promedio invernal de 118 metros cúbicos mensuales. Para los hogares que pierdan el beneficio por completo y no califiquen en el SEF, el trabajo proyecta una duplicación exacta del monto a pagar: un usuario que abonaba una factura mensual de $19.945 pasaría a desembolsar $39.890.
Este incremento del 100% obedece a la pérdida absoluta del descuento del 30% al 50% que amortiguaba la tarifa. Para aquellos hogares de esa misma región que logren reempadronarse y ser aceptados en el SEF, el reajuste se ubicaría en torno a una suba del 22%.
El estudio también señala un cambio metodológico en la fórmula de cálculo. En la normativa previa, el descuento proporcional se aplicaba sobre el costo total consolidado de la boleta. El nuevo marco legal restringe la bonificación únicamente al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, dejando exentos de subsidio a los componentes del Valor Agregado de Distribución, el transporte troncal y la carga impositiva provincial y municipal. De este modo, incluso para el usuario que mantenga la asistencia por la vía del subsidio focalizado, la reducción efectiva sobre el importe final será menor que la obtenida bajo el régimen derogado.
Datos oficiales
La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, justificó el proyecto en la necesidad de corregir el déficit operativo del Fondo Fiduciario que financiaba las compensaciones, el cual requería asistencia constante del Tesoro. Según las cifras del área energética, el costo adicional promedio que absorberá cada familia de las zonas templadas desincorporadas se ubicará en torno a los $15.000 mensuales sobre el valor que venían pagando, mientras que el recálculo general generará un ahorro para el Estado estimado entre $200.000 millones y $480.000 millones de pesos al año.
Cifras clave
- $19.945 a $39.890 (100% de aumento): salto en la factura mensual de un usuario residencial medio (categoría R2-2, 118 m3) en zonas de clima templado como Bahía Blanca que pierda completamente la bonificación, según el IERAL.
- 22% de ajuste acotado: incremento para hogares de esas mismas regiones que logren reempadronarse y ser aceptados en el SEF.
- $15.000 mensuales: costo adicional promedio por hogar estimado por la Secretaría de Energía para las familias de zonas templadas que queden fuera del esquema de subsidios.
- 3,35 millones de hogares: cantidad total de usuarios en todo el país que pierden la cobertura automática de Zona Fría.
- 1,24 millones de usuarios en Buenos Aires: hogares bonaerenses repartidos en 94 municipios (como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil u Olavarría) que quedan desafectados del descuento automático.
- 1 único municipio bonaerense exceptuado: Carmen de Patagones mantiene el beneficio automático al pertenecer geográficamente a la región Patagónica.
- 3 regiones que mantienen el 100% del esquema histórico: la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna son los únicos territorios donde el descuento del 30% al 50% seguirá siendo automático y universal por código postal.
- 3 Canastas Básicas Totales (CBT): tope de ingresos del grupo familiar para que los usuarios desplazados puedan tramitar la continuidad del subsidio bajo el régimen del SEF.
- 7,5% sobre el PIST: recargo máximo asignado en la tarifa para financiar el Fondo Fiduciario de Zona Fría.
- $200.000 a $480.000 millones anuales: ahorro fiscal estimado para las cuentas públicas al replegar el subsidio generalizado a su formato patagónico original y concentrar el resto en asistencia focalizada.
Debate legislativo
El antecedente inmediato del esquema desplazado se remonta a mediados de 2021, cuando la Ley 27.637 expandió la cobertura patagónica histórica hacia municipios de la franja central del país bajo el argumento de que registraban bajas temperaturas invernales equivalentes a las del sur patagónico. Dicha modificación amplió el universo de 850.000 usuarios a más de 4 millones de beneficiarios en todo el país, financiando la cobertura mediante un recargo sobre la tarifa abonada por la totalidad de los consumidores de gas natural.
Durante la discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado, los bloques defensores de la reforma hicieron hincapié en el desfasaje económico que provocó la masividad del esquema de 2021. La secretaria Tettamanti expuso ante los legisladores la postura oficial: «no puede haber subsidios generalizados porque resultan injustos y conducen a la ineficiencia en el uso de la energía». En su argumentación, la funcionaria remarcó que el Gobierno entiende la dificultad que atraviesan ciertos sectores de la población para afrontar el costo de los servicios, pero insistió en que las asistencias deben estar estrictamente focalizadas en las familias de menores recursos en lugar de sostener criterios puramente geográficos que benefician de igual forma a hogares de altos ingresos.
Por su parte, los legisladores y gobernadores de las provincias afectadas cuestionaron la quita sosteniendo que el régimen de Zona Fría no constituía un privilegio arbitrario sino una compensación de infraestructura necesaria para zonas donde el uso de la calefacción en invierno resulta vital. Las críticas remarcaron que el aumento del costo del servicio provocará un impacto en las economías regionales y los hogares de clase media. Pese a los reparos de las bancadas opositoras, el oficialismo logró validar el texto que impone el fin de la bonificación automática para la franja central y redefine de manera permanente la composición de los cuadros tarifarios en buena parte de la Argentina.