Los bonos argentinos registraron caídas de hasta 2,1% y el riesgo país acumuló un deterioro del 10,6% en septiembre, luego de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro organizado por JP Morgan en Nueva York.
Los bonos argentinos cayeron hasta 2,1% el miércoles, en el caso del título que vence en 2035, y el riesgo país cerró en 566 puntos básicos, con un deterioro del 10,6% en lo que va de septiembre. La caída se encadenó con otras siete ruedas de retrocesos consecutivos, en un contexto de inestabilidad en los mercados internacionales.
La gira del ministro de Economía, Luis Caputo, por Wall Street incluyó una exposición en un encuentro organizado por JP Morgan, donde fue aplaudido. Sin embargo, el mensaje transmitido derivó en ventas de bonos argentinos y alzas del índice de riesgo país, según coincidieron administradores de fondos que asistieron al evento.
Caputo reiteró la defensa de un programa económico basado en equilibrio fiscal inflexible y política monetaria restrictiva, pilares que habían sido valorados durante gran parte de la administración de Javier Milei. En Wall Street sostienen que el Gobierno logró ordenar las cuentas públicas, reducir la inflación y comenzar a recomponer reservas, pero advierten que la economía real no responde: la caída del consumo, la debilidad industrial y los últimos datos negativos del PBI modificaron el foco de atención de los inversores, que ahora preguntan por el crecimiento.
Ese deterioro económico, según varios fondos y bancos internacionales, empieza a erosionar la imagen de Milei. Aunque el Presidente continúa apareciendo como un dirigente competitivo en las encuestas, los inversores consideran que una economía estancada puede volver más incierto el escenario político hacia 2027.
En las conversaciones privadas surgió la estrategia cambiaria del Banco Central. Los inversores valoran que Santiago Bausili continúe comprando reservas, pero observan que esas adquisiciones se desaceleraron: el miércoles la autoridad monetaria incorporó apenas u$s7 millones, pese a la elevada oferta de divisas del agro. La explicación que circula en el mercado es que el Gobierno prioriza mantener al dólar contenido como ancla de la inflación y de las expectativas, y participa con operaciones mínimas para evitar presiones alcistas sobre el tipo de cambio.
Un representante de uno de los principales inversores explicó que el mercado no pide abandonar el equilibrio fiscal ni lanzar un «plan platita», sino una corrección gradual del tipo de cambio: «Nadie se va a asustar si habilitan que el dólar avance alrededor del 3% al 3,5% mensual mientras la inflación se ubica entre 1,5% y 2%», analizó la fuente consultada. Ese escenario podría lograrse mediante compras de dólares más importantes, que ayuden al refuerzo de las reservas, algo que viene reclamando el FMI. Según esa visión, un deslizamiento cambiario por encima de la inflación facilitaría mayores compras de reservas por parte del Banco Central —inyectando más pesos en la economía— y ofrecería oxígeno a los sectores productivos sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Además, implicaría llegar a las elecciones de 2027 evitando un tipo de cambio atrasado que incentive la dolarización preelectoral.
La dolarización privada también aparece como factor de inquietud. Aunque Milei reiteró a la salida de la ONU que a la Argentina «le sobran dólares» y que al país «le salen dólares por las orejas», los fondos ponen atención en que la compra de divisas por parte del sector privado se mantiene en un rango de u$s2.500 millones a u$s3.000 millones mensuales, un nivel que consideran elevado de cara al ingreso del año electoral.
Los indicadores de actividad difundidos por fuentes oficiales y consultoras en las últimas semanas respaldan la preocupación de los financistas. Para Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando Ferreres, la situación merece un cambio de categoría: «La actividad pasó de amarilla a naranja», afirmó, en referencia al deterioro que viene mostrando la economía real.
Los inversores no cuestionan el ajuste ni el superávit fiscal; de hecho, los consideran activos políticos y económicos del Gobierno. La duda es si la administración Milei está dispuesta a introducir alguna corrección táctica que permita reactivar la economía sin resignar el orden macroeconómico.