El Gobierno nombró a Pablo Di Liscia como secretario de Discapacidad tras la renuncia de Alejandro Vilches. Di Liscia es contador público y exfuncionario del PRO y de IOMA.
El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad, luego de que se conociera la renuncia de Alejandro Vilches casi 24 horas antes. La Secretaría depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Di Liscia es contador público y tiene antecedentes en la administración pública. Fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Previamente, ocupó los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión del PRO.
Desde el oficialismo señalaron que su trayectoria «se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado».
La designación se produce en un contexto de discusión dentro del oficialismo por los recursos del área y los ajustes previstos en el Presupuesto 2027. Según fuentes de Balcarce 50, el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó la llegada de Di Liscia por su perfil técnico y sus antecedentes en IOMA.
Entre los desafíos del nuevo funcionario se encuentran ordenar las cuentas del organismo y avanzar con cambios administrativos. La Secretaría tiene a su cargo la gestión de prestaciones para personas con discapacidad y la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un proceso iniciado tras la detección de irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde el Gobierno indicaron que la gestión de Di Liscia buscará «optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos».
En paralelo, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso negocia con bloques aliados un proyecto de ley sobre fondos para discapacidad. El objetivo es llegar al miércoles con un dictamen consensuado que frene la iniciativa de la oposición sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Un integrante del bloque oficialista señaló a iProfesional que el tema de la renuncia «es indiferente a lo que estamos charlando con los aliados». Las negociaciones incluyen mantener el nomenclador y la actualización de las prestaciones, así como normalizar los pagos atrasados a los prestadores. El proyecto incluiría un cronograma de pagos.
El oficialismo busca establecer «la superioridad de una ley permanente sobre el régimen de emergencia», según explicaron en LLA. Argumentan que «las emergencias tienen una fecha final y si no hay renovación o se da después de la elaboración del presupuesto, no tiene recursos presupuestados en el cálculo anual de gastos».
En la mesa política ya se decidió dar marcha atrás con el planteo original del Presupuesto 2027 que eliminaba la universalidad de los valores del nomenclador y desindexaba la actualización de las prestaciones. También se flexibilizaría la incompatibilidad del pago de pensiones con un empleo formal, aunque el oficialismo quiere criterios más rigurosos para el otorgamiento del beneficio.