La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para contratar a Soluciones de Gestión y defendió la legalidad de la compra de mascarillas en Baleares durante la pandemia.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para ofrecer explicaciones sobre la contratación de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el marco del caso Koldo. Durante su intervención, afirmó que no recibió «órdenes» ni «presiones» para realizar dicha compra ni para dejar de reclamar la devolución de parte del material.
Armengol señaló directamente al portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, quien registró el lunes una petición para exigir su dimisión. «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario», declaró. Además, aclaró que ni ella ni ningún miembro de su Gobierno balear «está siendo investigado ni sale en el sumario».
La presidenta del Congreso defendió la gestión de su Ejecutivo en Baleares: «Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa». También afirmó que «jamás» dio instrucciones para contratar a una empresa u otra durante sus ocho años al frente de la comunidad autónoma.
En relación con la compra de mascarillas, Armengol explicó que el contrato fue de 3,7 millones de euros y que se adquirieron unidades que fueron vendidas como FFP2. Señaló que los análisis realizados por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo determinaron que las mascarillas no filtraban como FFP2, pero que servían como quirúrgicas, por lo que se decidió almacenarlas debido a la pandemia sanitaria.
Asimismo, indicó que la reclamación por la diferencia de precio se realizó «en tiempo y forma» antes de las elecciones del 28 de mayo de 2023. Sobre la devolución del dinero, precisó que la responsabilidad recae en el actual Gobierno balear, conformado por PP y Vox: «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma».