La Secretaría de Energía convocó a una licitación pública nacional e internacional para la ejecución del proyecto AMBA I, una obra de infraestructura eléctrica con una inversión superior a los u$s1.000 millones destinada a ampliar la capacidad de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno nacional anunció la licitación pública nacional e internacional para la ejecución de «AMBA I», una obra de infraestructura eléctrica proyectada con una inversión superior a los u$s1.000 millones. El proyecto tiene como objetivo resolver las restricciones estructurales del sistema de transporte de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica total del país.
La convocatoria fue anticipada este martes por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía bajo un esquema de construcción, operación y mantenimiento a cargo del sector privado mediante una concesión de transporte. La iniciativa constituye el primer hito del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla desembolsos por más de u$s6.600 millones y la suma de 5.610 kilómetros de redes de alta tensión en distintos puntos del territorio nacional.
Diagnóstico del sistema eléctrico
Según el diagnóstico elaborado por las autoridades, durante la última década la demanda de los usuarios residenciales en el AMBA registró un incremento del 20%, mientras que la red de transporte de alta tensión creció un 8%. Este descalce provocó cuellos de botella y saturación en la infraestructura existente, con fallas en cadena durante los periodos de mayor exigencia climática.
El trazado de AMBA I prevé la instalación de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en niveles de 500 kV, 220 kV y 132 kV. El núcleo del sistema estará localizado en la nueva Estación Transformadora Plomer (500/220/132 kV), que se complementará con equipos de compensación reactiva (STATCOM) y obras de interconexión con las redes de las empresas distribuidoras del área metropolitana.
Una vez finalizada, la ampliación incorporará alrededor de 2.000 MW de capacidad de transporte adicional al nodo del Gran Buenos Aires.
Financiamiento y esquema de concesión
El modelo de negocios diseñado por el Poder Ejecutivo establece un marco regulatorio basado en capital privado, sin recurrir al gasto público. El proyecto cuenta con el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración final.
El pliego licitatorio habilita a la firma adjudicataria a solicitar la inclusión de la obra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El cronograma establece que la presentación y apertura del Sobre N° 1, relativo a la calificación técnica y solvencia financiera, se realizará durante la primera quincena de diciembre de 2026. La apertura del Sobre N° 2 con las propuestas económicas y la adjudicación formal están previstas para comienzos de 2027.
Plazos y ejecución
Los trabajos se estructuraron en dos fases sucesivas con un plazo máximo de ejecución de 52 meses. La magnitud de las tareas demandará la contratación de mano de obra especializada en rubros como construcción, ingeniería civil, telecomunicaciones e industria metalmecánica.
Ayer, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 201/2026 en el Boletín Oficial, por la cual dispuso la liberación de recursos acumulados en la «Cuenta de Exportaciones», administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El fondo, alimentado por ventas de energía a países vecinos, acumula un saldo cercano a los u$s110 millones que se redirigirán como anticipo financiero para el proyecto AMBA I.
Antecedentes del proyecto
El llamado a licitación para AMBA I acumula demoras y modificaciones en su hoja de ruta. En 2024 se descartó el financiamiento preferencial otorgado por bancos chinos, negociado durante la administración previa. Las autoridades intentaron encuadrar el desarrollo bajo el régimen de «concesión de obra pública», donde la empresa adjudicataria asume el costo inicial y comienza a percibir la remuneración una vez que las instalaciones operen comercialmente.
Ante la objeción del sector bancario para financiar un proyecto sin ingresos durante la construcción, la cartera de Energía evaluó un «estampillado previo» que incorporara un recargo temporal en las boletas de servicio. Esa alternativa fue desestimada al considerarse que vulneraba los principios normativos vigentes en la regulación de los servicios públicos.