La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para la compra de mascarillas durante su gestión en Baleares, y respondió a las críticas del PP.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para ofrecer explicaciones sobre la contratación de la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, cuando ella presidía el Gobierno de Baleares.
Armengol afirmó que no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material. Sin embargo, no aclaró quién del Ministerio de Fomento, dirigido entonces por José Luis Ábalos, les aconsejó contratar a esa empresa.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas. En su respuesta, Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
La presidenta del Congreso aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». Añadió: «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales».
En su defensa, Armengol declaró: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero».
También afirmó que durante sus ocho años al frente de la comunidad autónoma y cuatro en el Consell Insular de Mallorca, «jamás» dio instrucciones para contratar a una empresa u otra.
Sobre el contrato de 3,7 millones de euros para la compra de mascarillas, Armengol explicó que se adquirieron en abril de 2020, durante la pandemia, y que los técnicos del servicio de salud decidieron comprarlas. Según su relato, las mascarillas fueron analizadas por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que determinó que no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas. Ante esto, se decidió almacenarlas y reclamar a la empresa la diferencia de precio.
Armengol recordó que la reclamación se realizó antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma». Añadió que la responsabilidad de recuperar el dinero recae ahora en el actual Ejecutivo balear, conformado por PP y Vox.