Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide si continúa al frente del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, en el PSOE crece la especulación sobre una posible repetición electoral y el nombre de María Jesús Montero como candidata.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra a la espera de la decisión de Pedro Sánchez sobre su continuidad al frente del Gobierno, tras la denuncia presentada contra su esposa, Begoña Gómez. Fuentes socialistas consultadas por este medio señalaron que el presidente solo ha conversado con su núcleo familiar y que la decisión se conocerá al mismo tiempo que a través de los medios de comunicación.
En este contexto, el partido ha lanzado una campaña en redes sociales bajo la consigna «vale la pena», con el objetivo de instar a Sánchez a permanecer en el cargo. Mientras tanto, en el seno del PSOE se barajan distintos escenarios en caso de una repetición electoral. Según publicó LPO, las opciones son: que Sánchez no renuncie y continúe como líder reforzado; que se someta a una cuestión de confianza; que renuncie y otro candidato se presente a la investidura con el actual Congreso; o que se convoquen elecciones, aunque esta última opción es la más compleja desde el punto de vista constitucional.
Entre las alternativas, cobra fuerza el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como candidata ante una eventual repetición electoral o ante el desafío de una nueva investidura. Montero es una de las figuras que más ha crecido en el último tiempo dentro del PSOE, con un estilo de confrontación y una absoluta lealtad a Pedro Sánchez.
En paralelo, la asociación Hazte Oír ha presentado una querella ante la Fiscalía, vinculando el incremento de la facturación de empresas relacionadas con Begoña Gómez con su presunta mediación. La querella, que se suma a la presentada por el colectivo Manos Limpias (que la Fiscalía pidió archivar), sostiene que la empresa en la que trabajó Gómez, su compañero de cátedra y la empresa Globalia podrían haberse beneficiado de ayudas y subvenciones públicas concedidas por el Gobierno, por el delito de tráfico de influencias.