El ministro de Transportes, Óscar Puente, cesó a Álvaro Sánchez Manzanares, funcionario que tramitó el mayor contrato de mascarillas con la empresa investigada Soluciones de Gestión, en el marco de la causa judicial conocida como caso Koldo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó la destitución de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado, según confirmaron fuentes oficiales. Sánchez Manzanares fue el funcionario que tramitó la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, actualmente bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes que gestiona los puertos de interés general, fue la primera entidad en contratar con la mencionada empresa. El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, declaró por escrito que su departamento no mantuvo relación alguna con el empresario Víctor de Aldama, figura central en la trama, para la contratación de las mascarillas.
No obstante, la investigación de la Guardia Civil identificó un intercambio de correos electrónicos entre Sánchez Manzanares y Aldama, así como llamadas telefónicas entre el funcionario y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. El informe policial, al que tuvo acceso el diario El País, señala que el 2 de noviembre de 2023 se registró una llamada entre ambos, dejando abierta la posibilidad de un encuentro presencial al día siguiente. Agentes de la unidad realizaron un seguimiento de Koldo García en Madrid, pero no identificaron a Sánchez Manzanares. El informe añade que el 7 de noviembre de 2023 pudo haber ocurrido un encuentro en la sede de Puertos del Estado, dado que Koldo García fue visto en las inmediaciones.
Hasta el momento, ni el juez ni la Fiscalía solicitaron medidas cautelares contra Sánchez Manzanares. Pese a ello, el ministro Puente resolvió su salida del organismo. El cese se produce en el contexto de la investigación judicial por los contratos firmados con Soluciones de Gestión, que salpica al Gobierno y al exministro Ábalos.