viernes, 21 agosto, 2026

Granja Tres Arroyos negocia deuda de u$s350 millones y enfrenta pedidos de quiebra

La mayor productora avícola del país busca un acuerdo con acreedores antes del 30 de junio, mientras se acumulan demandas judiciales y cheques rechazados.

Granja Tres Arroyos, la mayor productora avícola de Argentina, enfrenta una etapa decisiva en su proceso de reestructuración de deuda. La compañía, controlada por la familia De Grazia, tiene como fecha límite el 30 de junio para alcanzar un acuerdo con sus acreedores por una deuda estimada en alrededor de u$s350 millones.

En las últimas semanas, se acumularon en los tribunales comerciales distintos pedidos de quiebra promovidos por proveedores, aseguradoras y compañías de servicios que reclaman el cobro de deudas impagas. Entre las presentaciones figura un pedido de quiebra de un proveedor de insumos industriales alimenticios por una deuda superior a los $133 millones, y otro de Prevención ART, la aseguradora de riesgos del trabajo, que reclama más de $4.200 millones.

La empresa también enfrenta reclamos de TKW, por casi u$s23.000, y de Americold Logistics Argentina, por servicios de frío industrial. Paralelamente, Protoil inició una ejecución judicial por más de $86 millones tras el rechazo de un echeq.

Según registros del Banco Central, Granja Tres Arroyos acumula más de 3.200 cheques rechazados por un monto superior a los $54.300 millones. A esa cifra se suman otros 680 cheques de Wade S.A. por más de $7.700 millones y más de 400 de Avex S.A. por $4.100 millones. En total, las tres sociedades del grupo superan los 4.200 cheques rechazados por alrededor de $66.100 millones.

El endeudamiento financiero de Granja Tres Arroyos incluye compromisos por más de $51.000 millones con entidades como BBVA, Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco Credicoop, Banco Nación, Banco Provincia y Santander, entre otros. Wade S.A. mantiene obligaciones por más de $3.060 millones y Avex S.A. por unos $573 millones.

La propuesta de reestructuración contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de cancelación de hasta siete años. Fuentes del sector señalaron que la principal incógnita es si la empresa logrará recuperar el nivel de actividad necesario para cumplir con los compromisos.

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