La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, pero impuso condiciones que incluyen la transferencia de 6 millones de líneas móviles y la devolución de espectro radioeléctrico.
La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) emitió su veredicto sobre la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. El organismo gubernamental aprobó la operación, pero impuso requisitos que obligan a la empresa compradora a ceder activos de gran magnitud. Esta decisión sigue las recomendaciones previas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Según publicó la entidad oficial en sus redes sociales, Telecom tendrá que transferir seis millones de líneas móviles a un nuevo operador de telecomunicaciones. Esta transferencia incluye la infraestructura asociada y abarca clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como de las regiones Norte y Sur del país.
Además de las líneas móviles, la compañía deberá desprenderse de usuarios de banda ancha fija en aquellas zonas donde su participación de mercado supere el 50 por ciento tras la fusión.
Otro punto clave del dictamen es la devolución de espectro radioeléctrico. El ente regulador exige la restitución de 130 MHz en total. De esa cifra, 60 MHz deben volver al Estado de manera inmediata a nivel nacional. Las devoluciones adicionales afectarán a zonas de alta concentración de mercado y el resto del espectro pasará al mercado secundario para que otras firmas puedan utilizarlo.
A su vez, Telecom tendrá el deber de facilitar a un nuevo competidor el acceso a su propia red, espectro, sistemas y puntos de interconexión por un plazo de dos años. El objetivo de esta medida es asegurar la calidad del servicio mientras el nuevo actor despliega su propia infraestructura.
Los funcionarios del área explicaron que estas exigencias evitarán una concentración excesiva en el sector. Sin estos límites, el grupo fusionado habría concentrado cerca del 70 por ciento de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Con los recortes impuestos, esa cuota bajará a la mitad del mercado.
Las autoridades argumentan que la transacción solo resulta viable a través de estas desinversiones, ya que bloquean posiciones dominantes y protegen las opciones de consumo de los clientes, las empresas y los potenciales rivales. La meta oficial es lograr un mercado de telecomunicaciones dinámico y abierto.
En junio del año pasado, la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) frenó el acuerdo tras advertir riesgos sobre la pluralidad de opciones. En aquel momento, la CNDC proyectó que Telecom pasaría a tener el 58 por ciento de la telefonía móvil, frente al 42 por ciento de AMX, la filial de la firma mexicana América Móvil.
Frente a este nuevo panorama, surge una gran incógnita: ¿quién se quedará con los clientes cedidos? El mercado debate si la porción de usuarios pasará a manos de América Móvil o si este escenario facilitará el ingreso de un jugador inédito en el segmento celular. En este sentido, la empresa Telecentro, propiedad de Alberto Pierri, busca desde hace tiempo dar el salto al negocio móvil.
La respuesta de Telecom
Desde Telecom calificaron a los requisitos del Gobierno como excesivos. La firma detalló que su propuesta original consistía en ceder tres millones de clientes móviles y cien mil de banda ancha fija. Desde la óptica de la empresa, su oferta se alineaba mucho mejor con las tendencias internacionales de la industria.
La compañía argumenta que la competencia actual es global, con actores de peso como Starlink en el acceso satelital a Internet o Netflix en el mercado del contenido audiovisual. Según los directivos, la orden oficial de desinversión los deja en desventaja comercial.
La firma de telecomunicaciones también criticó el uso de un criterio puramente cuantitativo para forzar la aparición de un tercer operador, cuando, a sus ojos, las dinámicas de la demanda demostraron la falta de espacio para un tercer competidor fuerte. Los ejecutivos anticiparon que analizarán los detalles legales de la notificación oficial antes de definir sus próximos pasos.
Una larga batalla legal y corporativa
La compra se hizo pública el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica de España comunicó a las autoridades bursátiles de Madrid la venta de la totalidad de su negocio en Argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares. El grupo español enmarcó esa salida en su política de reducción de exposición financiera en América Latina.
Pese al anuncio, el Gobierno nacional aplicó una suspensión preventiva sobre el cierre de marzo de ese mismo año. Para justificar el freno, la Secretaría de Industria y Comercio calculó que la fusión entregaría a Telecom el 61 por ciento del negocio móvil, el 69 por ciento de la telefonía fija y hasta el 80 por ciento de la banda ancha en varias localidades.
En junio, la Cámara Civil y Comercial Federal emitió un fallo a favor de Telecom y anuló las medidas preventivas del Gobierno. Sin embargo, poco después, la CNDC volvió a rechazar la operación, lo que derivó en la actual resolución del organismo de competencia.
La estructura accionaria de Telecom se reparte entre Cablevisión Holding con el 28,16 por ciento del capital, el fondo Fintech de David Martínez con un 20,83 por ciento, un fideicomiso de Martínez y Héctor Magnetto con el 21,84 por ciento, y el resto cotiza en la Bolsa. Por su lado, Telefónica de Argentina nació en 1990 tras la privatización de Entel y opera la marca Movistar, con una base de casi 20 millones de usuarios.