El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 38 de la Ley 27.799, con el objetivo de impedir que personas vinculadas a cargos públicos accedan al régimen de regularización fiscal.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para excluir del Régimen de Inocencia Fiscal a funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de personas que hayan ocupado cargos públicos durante los últimos diez años. La iniciativa propone modificar el Artículo 38 de la Ley 27.799, incorporando una cláusula de exclusión para quienes hayan desempeñado funciones relevantes en cualquiera de los tres poderes del Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue anunciado por Paulón a través de sus redes sociales. «El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública», sostuvo el legislador en un comunicado difundido en su cuenta de X.
Según el texto presentado, no podrán acceder al régimen quienes hayan ocupado cargos jerárquicos en la administración pública, organismos descentralizados, empresas estatales, entidades financieras oficiales, universidades públicas, organismos de control, áreas vinculadas a licitaciones y contrataciones, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia, entre otros. La propuesta también alcanza a funcionarios encargados de administrar recursos públicos, controlar ingresos estatales o participar en procesos de adjudicación de compras y licitaciones en cualquiera de los niveles de gobierno.
Uno de los puntos más amplios del proyecto es la extensión de las restricciones a familiares y personas vinculadas a los funcionarios alcanzados. De acuerdo con la iniciativa, quedarían excluidos del régimen: cónyuges y convivientes; padres, hijos, abuelos y nietos, tanto por consanguinidad como por afinidad; familiares colaterales de segundo grado, como hermanos y cuñados. Además, el texto incorpora a los excónyuges y exconvivientes de los funcionarios incluidos en la nómina, siempre que el vínculo se hubiera mantenido dentro del período de diez años contemplado por la norma.
El proyecto del diputado Paulón mantiene los requisitos patrimoniales y de ingresos previstos para adherir a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, que actualmente contempla ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones, pero suma nuevas incompatibilidades vinculadas al ejercicio de la función pública. Para Paulón, la exclusión de funcionarios y familiares directos resulta necesaria para evitar que personas con acceso al manejo de recursos estatales puedan beneficiarse de un esquema pensado para la regularización fiscal.