La designación de la abogada María Verónica Michelli como jueza fue aprobada en el Senado, pese a la resistencia de Karina Milei. El episodio evidenció descoordinación en el oficialismo y dejó a Patricia Bullrich como principal ganadora.
La aprobación del pliego de jueza en el Senado de la abogada María Verónica Michelli, resistida por Karina Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, terminó exponiendo una de las peores muestras de descoordinación del Gobierno desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Lo que debía ser una demostración de control parlamentario oficialista sobre el proceso de designación de jueces terminó convertido en una derrota política de Karina Milei, una victoria de Patricia Bullrich y una profundización de las fisuras internas del poder libertario.
La historia tuvo todos los ingredientes de una comedia de enredos: una orden de retiro del pliego de Michelli, una rebelión interna, acuerdos cruzados, llamados de último momento, una oposición atenta a las debilidades ajenas y una cadena de errores que terminó coronando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La principal beneficiaria fue la senadora Patricia Bullrich, que había defendido el pliego ante Milei. La exministra de Seguridad logró sostener una posición que había defendido incluso frente al propio Presidente: se negó a acompañar el retiro del pliego de Michelli porque consideraba que excluir a una candidata por su parentesco con un periodista constituía una señal incompatible con los principios republicanos que el Gobierno dice defender.
La tensión escaló al punto de que Bullrich le transmitió personalmente a Milei su desacuerdo. Incluso llegó a poner a disposición la renuncia a la conducción del bloque oficialista, gesto que el Presidente rechazó. Pero la grieta estaba abierta.
Tras el conflicto, Milei le pidió a Bullrich reunirse con su hermana y secretaria general de la Presidencia, publicar una foto sonrientes como las mejores amigas, y luego la senadora alcanzó un entendimiento con el peronismo y el resto de los bloques para votar solamente 50 de los 74 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo y dejar los otros 24 para la semana siguiente. Entre esos expedientes diferidos figuraba precisamente el de Michelli.
Sin embargo, el ministro de Justicia intervino para evitar que quedaran postergados 23 pliegos que consideraba prioritarios, entre ellos algunos vinculados a compromisos políticos y personales. El caso más visible era el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para integrar un tribunal federal en Santa Fe.
Cuando el peronismo advirtió que el acuerdo original había sido alterado, encontró la oportunidad perfecta para hundir el cuchillo en la interna libertaria. El jefe de bloque de Unidad Popular, José Mayans, y Juliana Di Tullio denunciaron el incumplimiento de lo pactado y plantearon que no existía ninguna razón institucional válida para excluir exclusivamente a Michelli.
La vicepresidenta Victoria Villarruel consideró atendible el planteo. Entonces ocurrió el movimiento decisivo. Mayans tomó la palabra y cuestionó que se pretendiera bloquear a una candidata judicial por ser familiar de un periodista crítico del Gobierno. El discurso colocó al oficialismo en una posición incómoda: defender la exclusión implicaba admitir un criterio difícil de justificar políticamente y le dio un argumento al peronismo para defender el republicanismo, bandera supuesta de los libertarios.
Con habilidad parlamentaria, el jefe del bloque peronista impulsó la incorporación del pliego de Michelli junto con el resto de los expedientes. La moción prosperó, y el oficialismo terminó acompañando el ingreso de un pliego que la propia Casa Rosada había intentado retirar.
La candidata obtuvo finalmente 44 votos afirmativos, mientras que 18 senadores de La Libertad Avanza votaron en contra y dos se abstuvieron, entre ellos Bullrich. La derrota estaba consumada.
La paradoja es que Michelli llegó a esta instancia por decisiones del propio Mahiques. Fue él quien integró la terna que la incluyó como candidata al Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata cuando era representante del PRO en el Consejo de la Magistratura. Eso fue en 2018, hace ocho años. Fue también Mahiques quien, ya como ministro de Justicia, firmó el envío de los 74 pliegos al Senado el 29 de marzo, entre ellos el de la abogada cuñada de Alconada Mon. También fue Mahiques nuevamente quien firmó el 27 de mayo el pedido formal de retiro del expediente, luego de que Karina Milei objetara la candidatura por el vínculo familiar con Alconada Mon.
Bullrich logró imponer su criterio y quedó fortalecida dentro del oficialismo. Demostró capacidad de negociación parlamentaria y exhibió autonomía frente al núcleo duro presidencial. «Patricia se hizo la disimulada, pero la derrota parlamentaria del Gobierno fue total», señalan en el oficialismo. Karina Milei, en cambio, quedó expuesta. La funcionaria que concentra el poder político del Gobierno impulsó una ofensiva que terminó exactamente al revés de lo que buscaba: el pliego fue aprobado y el conflicto adquirió una dimensión nacional que agigantó la figura de Michelli y de Alconada Mon.
La derrota también alimenta las especulaciones sobre la interna silenciosa entre el karinismo y Santiago Caputo. El asesor presidencial no participó directamente de la maniobra legislativa, pero el debilitamiento político de Karina inevitablemente reconfigura el equilibrio de fuerzas dentro del llamado «triángulo de hierro». «No le incide, es indistinto», señalaron fuentes allegadas a Caputo a iProfesional.
Mientras tanto, el Presidente intentó transformar el traspié en una victoria institucional. En la red X celebró la aprobación de los 74 pliegos judiciales como «el inicio de la reconstrucción de la Justicia», replicando un mensaje de Mahiques que agradecía al Mandatario, a Karina Milei y a los senadores por el resultado alcanzado.
Ahora resta saber si Javier Milei firmará el decreto de designación de Michelli o si optará por dejarlo dormir en algún despacho de la Casa Rosada. Y si lo firma, cuánto tiempo esperará. En el Gobierno admiten que cualquiera de las dos alternativas tiene costos.