La Cámara de Senadores trata este jueves el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce modificaciones en los procesos de desalojo y elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La sesión de este jueves en el Senado incluye el tratamiento del proyecto de ley sobre «inviolabilidad de la propiedad privada», que propone cambios en materia de desalojos y venta de tierras rurales a extranjeros. El texto, impulsado por el presidente Javier Milei y redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también reforma la ley de expropiaciones.
El proyecto establece la eliminación del límite del 15% del territorio nacional que puede estar en manos de personas o empresas extranjeras, según la Ley 26.737. De aprobarse, cualquier ciudadano extranjero podrá adquirir tierras rurales sin topes, manteniendo la prohibición para Estados extranjeros, empresas con participación estatal o fondos soberanos, salvo que una provincia lo solicite y cuente con autorización del Poder Ejecutivo Nacional.
Durante el debate en comisiones, senadores de bloques dialoguistas señalaron que la ley podría permitir la compra de tierras con minerales estratégicos o en zonas de frontera por parte de corporaciones internacionales. Para obtener los votos, el oficialismo aceptó que cada provincia pueda vetar u objetar las transacciones en su territorio, según el artículo 25 del proyecto.
En cuanto a los desalojos, la iniciativa establece que la acción de desalojo se tramitará por juicio sumarísimo, acelerando el proceso. Cuando se trate de ocupantes sin título, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble. Para casos de falta de pago de alquiler, se fija un plazo de 10 días desde la intimación formal antes de iniciar la demanda.
El proyecto incluye una distinción entre inquilinos deudores y usurpadores, y agrega el artículo 680 quarter sobre «Protección de sujetos vulnerables», que obliga al juez a verificar la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores antes de ejecutar un desalojo, con un plazo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional.
También se modifican las expropiaciones: la indemnización por lucro cesante no podrá superar el 30% del daño emergente. El oficialismo retiró los artículos que habilitaban desalojos directos en barrios del RENABAP.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich, deberá ser aprobado por el Senado y luego pasar a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.