La iniciativa busca establecer un régimen de gestión de intereses para transparentar la interacción entre los sectores público y privado.
El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de reformas legislativas para 2026, que incluye la Ley de Lobby o de Gestión de Intereses. El proyecto busca institucionalizar la relación entre el sector público y el privado, según informaron fuentes oficiales.
La norma propone reemplazar el Decreto 1172/03 y aplicarse a toda interacción con el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo que tenga como objetivo influir en decisiones públicas. Cubre reuniones formales, contactos espontáneos, presentaciones técnicas e incidencia de cámaras y asociaciones. Quedan excluidas las comunicaciones protocolares, audiencias públicas regladas y peticiones individuales.
Entre los argumentos del proyecto se menciona la necesidad de garantizar publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad en las interacciones entre actores públicos y privados. También se sostiene que la iniciativa busca establecer reglas claras para evitar influencias en ámbitos opacos.
El proyecto crea un Registro de Actividades de Lobby digital, público y de libre acceso, donde deberán inscribirse personas físicas o jurídicas que realicen gestiones ante funcionarios de alto rango. Los lobistas deberán presentar declaración jurada sobre a quiénes representan y qué intereses defienden. Se establecen incompatibilidades para exfuncionarios, que no podrán realizar lobby durante 24 meses tras dejar sus cargos. Legisladores y funcionarios de alta jerarquía deberán publicar sus agendas de reuniones.
El régimen sancionatorio prevé hasta dos años de prisión por ejercer la actividad sin inscripción, ocultar la identidad del representado o por interés extranjero encubierto en áreas como defensa, infraestructura o recursos naturales. La falta de registro de una reunión por parte de un funcionario será considerada falta grave.
El proyecto se envió en un contexto de tensión parlamentaria, y forma parte de un paquete que incluye la Ley de Ludopatía, el Súper RIGI y la reforma al Etiquetado Frontal.