La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunta administración fraudulenta en el otorgamiento de un crédito millonario al ex IOSFA, hoy en liquidación.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una nueva denuncia penal contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunta administración fraudulenta vinculada al préstamo extraordinario de $40.000 millones que el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) otorgó al IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El IOSFA, que fue reestructurado y ahora se denomina OSFA, arrastra una deuda estimada en $220.000 millones con prestadores y ha suspendido numerosas prestaciones médicas y el envío de medicamentos. La crisis se agravó tras la renuncia de su titular, el general de brigada Sergio Maldonado, luego del suicidio de un suboficial por falta de atención oncológica en San Juan.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal N°3 a cargo de Daniel Rafecas y que investiga la fiscal Alejandra Mangano, también solicita investigar el rol del exministro de Defensa Luis Petri, actual diputado, y de exautoridades del IOSFA y del IAF. Se busca determinar si existió un control político del crédito desde el Poder Ejecutivo.
Según la presentación, Francisco Adorni fue designado presidente del Directorio del IAF mediante la Resolución 543/2025 del Ministerio de Defensa, publicada el 17 de junio de 2025, con efectos retroactivos al 11 de junio. La resolución indica que la designación se realizó «a expreso pedido» de Luis Petri.
La denuncia sostiene que Adorni habría convalidado una aplicación irregular de los fondos y omitido controles esenciales mientras el IOSFA se encaminaba a su colapso. Se mencionan posibles delitos como administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica documental y negociaciones incompatibles con la función pública.
La crisis del IOSFA culminó con el DNU 88/2026, que dispuso su disolución y liquidación. El decreto reconoció un cuadro de «desequilibrio estructural y desfinanciamiento».
Paralelamente, Pagano presentó otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco y Manuel Adorni, que apunta a la evolución patrimonial del primero desde su llegada al Ministerio de Defensa. Se cuestiona la cancelación acelerada de un crédito hipotecario de $60 millones y la incorporación de vehículos sin un origen preciso de los fondos.
La investigación solicita medidas como el análisis de expedientes del préstamo, actas del Directorio, movimientos bancarios, informes de la SIGEN, declaraciones juradas, peritajes contables y el levantamiento del secreto fiscal y bancario, entre otras.