La movilización federal universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, sumó un nuevo capítulo al debate sobre el financiamiento educativo y puso el foco en la división de poderes, mientras la Corte Suprema debe resolver sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
La marcha federal universitaria, que reunió a unas 600 mil personas en todo el país según datos de la UBA, llevó la discusión con el Gobierno nacional más allá de la cuestión presupuestaria y salarial para plantear un problema en torno a la división de poderes, con la mira puesta en la Corte Suprema de Justicia.
“Milei, cumplí la ley” fue una de las consignas más escuchadas durante la movilización que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo. El gobierno de Javier Milei calificó la marcha como “política opositora” y sostuvo que es una maniobra para instalar que el Ejecutivo quiere desfinanciar las universidades. De la movilización participaron legisladores y figuras de la oposición, como Axel Kicillof.
El origen del conflicto
La Ley de Financiamiento Universitario se sancionó por primera vez en 2024 y el presidente Milei la vetó con ayuda de aliados en el Congreso. En 2025, el Parlamento aprobó una nueva versión y revirtió el veto presidencial, pero el Gobierno se negó a cumplirla argumentando que los legisladores no especificaron de dónde saldrán los recursos para la recomposición salarial y los gastos de funcionamiento.
Desde entonces, el oficialismo desplegó una estrategia de resistencia administrativa y judicial que culminó el 7 de mayo, cuando la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió al Ejecutivo el recurso extraordinario a la Corte Suprema. El tribunal debe resolver ahora qué ocurrirá con los fondos y mecanismos de financiamiento que fijó la ley. Mientras tanto, la ley sigue suspendida.
El mensaje de la marcha a la Corte
En el comunicado conjunto firmado por el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y organizaciones docentes y estudiantiles, se remarcó que las transferencias a universidades nacionales cayeron un 45,6% entre 2023 y 2026, y que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector es del 37% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.
Además, el comunicado señaló que “la crisis no es solo presupuestaria” y denunció “la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes”. Las universidades calificaron como “un acto de desprecio institucional sin precedentes” que el Gobierno haya decidido “alzarse contra los otros dos poderes de la República”.
La respuesta del Gobierno y los tiempos de la Corte
El gobierno de Milei sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida en su ejecución” porque incumple la Ley de Administración Financiera. Con ese argumento dictó un DNU para suspender su aplicación. En el Congreso, la oposición afirma que el argumento no es válido y que el cumplimiento de la ley es una obligación constitucional.
La Corte Suprema no tiene plazos para resolver y podría limitarse a rechazar el recurso sin argumentos. Tanto en el Gobierno como en la oposición sospechan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti podrían optar por esa vía. En ese caso, volvería a regir la cautelar favorable a las universidades.
Los pilares de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización de los salarios docentes y no docentes según el IPC, la convocatoria a una paritaria nacional cada tres meses, y el ajuste mensual de los gastos de funcionamiento. También amplía el sistema de becas con un incremento anual progresivo.
Horas antes de la marcha, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una readecuación presupuestaria que implica un recorte en educación por 78.000 millones de pesos y recortes en infraestructura universitaria por 5.300 millones. La medida resultó llamativa por el contexto de la movilización.
La masiva marcha federal universitaria no parece haber movido al gobierno de su posición, pero sí implicó un mensaje a la Corte Suprema que apunta a un debate sobre los límites de la autoridad presidencial frente a otro poder del Estado.