Lácteos Verónica y SanCor enfrentan un colapso que deja a miles de empleados en la incertidumbre, con acusaciones de maniobras previas y una quiebra que aún busca inversores.
La situación de derrumbe que atraviesan Lácteos Verónica y la emblemática SanCor sigue sumando capítulos. A la decisión de las compañías de frenar la producción o, como en el caso de la unión de cooperativas, caer directamente en la quiebra, ahora se añaden denuncias de presuntos cierres programados con amplia anticipación, deudas multimillonarias con proveedores y meses de sueldos impagos, lo que genera incertidumbre laboral.
En el caso de Lácteos Verónica, la dirigencia política de uno de los distritos afectados aseguró que la familia Espiñeira, actuales dueños, habría establecido hace dos años su decisión de buscar el traspaso de sus activos. Por el lado de SanCor, la Justicia pidió un listado de trabajadores para la custodia de las seis plantas y el gremio ATILRA desplegó 178 operarios. La continuidad de otros casi 800 empleos continúa en vilo.
Lácteos Verónica acumula cinco meses de parálisis en sus plantas en Santa Fe, adeuda más de tres meses completos a su dotación de 700 empleados y suma casi 4.000 cheques emitidos sin fondos. Representantes del gobierno santafesino, legisladores y la familia Espiñeira mantienen conversaciones para encontrar una salida.
Leandro Gastaldi, intendente de Suardi, cargó contra los dueños: “Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino”. Aseguró que solo en Suardi dejaron de circular unos 220 millones de pesos mensuales. “Hubo oferentes interesados, como la firma Bresialat, pero a todos se les dijo que no”, agregó.
En paralelo, SanCor fue declarada en quiebra con continuidad. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que la compañía acumulaba una “insolvencia estructural”. La Cooperativa Eléctrica de Gálvez informó que SanCor adeuda más de 170 millones de pesos. El juez Marcelo Gelcich dispuso la elaboración de una nómina de trabajadores esenciales para el mantenimiento de las instalaciones, priorizando a aquellos que participaron en bloqueos previos. Resta definir el destino de casi 800 puestos de trabajo.