La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para la compra de mascarillas, y cuestionó la solicitud de dimisión del PP, señalando a su portavoz Miguel Tellado.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material. Sin embargo, no aclaró quién del Ministerio de Fomento, entonces dirigido por José Luis Ábalos, les aconsejó contratar a la empresa investigada, Soluciones de Gestión.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol dio explicaciones públicas sobre la compra que su Ejecutivo realizó a dicha empresa. El PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir su dimisión por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas durante su etapa como presidenta de Baleares.
Armengol apuntó contra Génova, afirmando que «no todo vale en política», y señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario». Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario».
«Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó. Agregó que ni a ella ni a su Gobierno nadie «ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa».
Armengol defendió que la compra de mascarillas en abril de 2020 se realizó «legalmente» con «contratos bien hechos», y que el material fue analizado por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, determinando que servían como mascarillas quirúrgicas. Señaló que se almacenaron para uso durante la pandemia y que se reclamó la diferencia de precio a la empresa.
Finalmente, recordó que la reclamación se hizo «en tiempo y forma» antes de las elecciones del 28 de mayo, y que la responsabilidad de recuperar el dinero ahora recae en el nuevo Ejecutivo de Baleares, conformado por PP y Vox.