Las compañías de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires se declararon en emergencia y exigen definiciones al Gobierno nacional y a la provincia antes del jueves. De no alcanzarse un acuerdo, anticipan nuevas reducciones de frecuencias.
Las empresas de colectivos del AMBA se declararon en estado de emergencia. El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires, a quienes exigen definiciones concretas antes del jueves. Ese día está prevista una reunión clave en la Secretaría de Transporte. Si no hay acuerdo, las compañías anticiparon que profundizarán la reducción de servicios.
En un comunicado conjunto, las cámaras empresarias del sector calificaron la situación como «insostenible». El aumento de los costos operativos —en especial el combustible— y la falta de actualización en los ingresos del sistema pusieron al transporte público contra las cuerdas. Las empresas exigen soluciones «inmediatas, verificables y con plazos claros» para una deuda que estiman en $128 mil millones. De lo contrario, aplicarán nuevas medidas de «racionalización» que afectarían principalmente los servicios en horarios de menor demanda.
Los usuarios ya sufrieron recortes similares a comienzos de abril, cuando las empresas redujeron frecuencias como respuesta al encarecimiento del gasoil. Después se reforzaron parcialmente las unidades en horas pico, pero el servicio nunca volvió a su nivel habitual. Un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —que depende de la UBA y el Conicet— confirma que la circulación de colectivos se redujo hasta 40% en algunas jurisdicciones del AMBA, con una contracción general cercana al 30%.
El mayor impacto se registra en las líneas de jurisdicción nacional y provincial, que conectan la Ciudad con el conurbano. Las líneas porteñas muestran una caída más moderada, aunque también perdieron frecuencias. El problema de fondo es un desfasaje entre los costos reales y los valores que el Estado reconoce: el precio del gasoil en el mercado mayorista supera los $2.100 por litro, mientras que en la estructura de costos oficial se reconoce un valor inferior. En comparación con 2019, hay más de 2.300 colectivos menos en servicio.
El deterioro del sistema convive con un aumento sostenido de las tarifas. Actualmente, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires supera los $700 y en la provincia ronda los $870. Desde el 1° de mayo se aplicará un nuevo incremento del 5,4%, con lo que el pasaje mínimo en territorio porteño pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que en la provincia de Buenos Aires el tramo inicial se ubicará en $918,35. El subte, por su parte, alcanzará un valor de $1.490,36.
El impacto en los hogares es directo. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, una familia tipo del AMBA destinó en marzo más de $100.000 mensuales al transporte público. A su vez, la caída en la calidad del servicio y el encarecimiento del boleto se tradujeron en una fuerte baja en la cantidad de pasajeros. Datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran que en abril viajaron en promedio poco más de 7,2 millones de personas por día hábil, un 21% menos que en el mismo mes del año anterior.
Entre los factores que explican este descenso se destacan la menor actividad económica, el mayor peso del transporte en el ingreso de los usuarios y la migración hacia medios alternativos ante la baja de frecuencias. En perspectiva, el sistema transporta hoy un tercio menos de pasajeros que hace una década.
En este escenario, las empresas advierten que el sistema se encuentra al límite. Sin una recomposición urgente de los ingresos y el reconocimiento de los costos reales, podrían verse comprometidas tanto la continuidad del servicio como el pago de salarios. La negociación prevista para los próximos días aparece como un punto clave para definir la evolución del conflicto y el funcionamiento del transporte público en el AMBA.