miércoles, 22 abril, 2026

Definidas las empresas que podrían operar los nuevos corredores viales concesionados

Un consorcio de constructoras ofertó la tarifa más baja para el corredor Riccheri y rutas nacionales, mientras que una firma mendocina lidera la licitación por la Ruta Nacional 5. El proceso enfrenta una controversia por la exclusión de la empresa vial bonaerense Aubasa.

El consorcio integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco se posicionó como el mejor oferente para la concesión del corredor vial que incluye la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Para este tramo, denominado «Sur-Atlántico-Acceso Sur» y que abarca 1.325 kilómetros, el grupo presentó una oferta de peaje de $1.206 por cabina, un valor casi un 40% inferior al tope establecido por el gobierno nacional.

Por otro lado, en la licitación del tramo «Pampa» (546 km de la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa), la constructora mendocina Ceosa (Construcciones Electromecánicas del Oeste) encabeza la puja con una tarifa básica de $2.850 por estación de cobro, un 30% por debajo del valor máximo oficial.

El proceso de apertura de ofertas se desarrolló en medio de una polémica con la administración de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa estatal Aubasa fuera excluida de la licitación del corredor Riccheri. La resolución 537/26 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, confirmó la descalificación y fijó la apertura de ofertas para un día posterior en un horario poco habitual (20:00 horas). La provincia anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar el proceso y revertir la decisión.

Según la comisión evaluadora de Vialidad Nacional, Aubasa no acreditó la experiencia mínima de 10 años en ejecución directa de obras viales requerida en los pliegos. La empresa provincial impugnó la decisión, argumentando que cumple con todos los requisitos y que su exclusión es «arbitraria e infundada». Además de Aubasa, otras seis empresas privadas, entre ellas SACDE, fueron excluidas del proceso por no cumplir con los índices de endeudamiento, solvencia o experiencia exigidos.

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