El juez Raúl Ojeda aceptó la participación de la UIA en la causa iniciada por la CGT y abrió un plazo para que otras entidades del sector privado se sumen, mientras mantiene la suspensión cautelar de 83 artículos de la ley.
El juez del Trabajo Raúl Ojeda celebró una audiencia pública entre la CGT, la Unión Industrial Argentina (UIA) y representantes del Gobierno nacional, con el objetivo de escuchar a las partes antes de avanzar con el expediente principal sobre la reforma laboral. Tras las exposiciones, el magistrado tomó dos medidas inmediatas: aceptó la participación de la UIA como parte interesada y suspendió el proceso por tres días hábiles para que otras cámaras empresarias puedan solicitar su incorporación.
En el encuentro se enfrentaron dos posturas. Por un lado, la CGT ratificó su rechazo a 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, argumentando que vulnera el principio de progresividad y protección del trabajador, facilita despidos y precariza las condiciones laborales. Además, se opuso al cambio de fuero, insistiendo en que la causa debe permanecer en la Justicia Nacional del Trabajo.
Por otro lado, el Gobierno, representado por la Procuración del Tesoro, defendió la legalidad de la reforma y planteó dos estrategias: que el sector privado sea aceptado como parte interesada y que el caso pase a la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
El juez Ojeda mantuvo vigente la suspensión cautelar de los 83 artículos cuestionados, por lo que los cambios en las leyes de trabajo, empleo y sindicales continúan frenados. Sin embargo, dejó dos temas críticos en suspenso: aún no resolvió el pedido del Gobierno para cambiar el fuero de la causa, ni dictó sentencia sobre la constitucionalidad definitiva de los artículos de la reforma.
Este escenario mantiene la reforma laboral en un limbo jurídico, aumentando la incertidumbre para las empresas, mientras el juez laboral sigue actuando en la causa.