El expediente por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevas diligencias, incluyendo la declaración de un contratista vinculado a refacciones en una propiedad y el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa su curso con nuevas medidas dispuestas por la Justicia. El fiscal Gerardo Pollicita centró su atención en las remodelaciones realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. En este marco, se citó como testigo al contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA, quien deberá comparecer el 24 de abril ante los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal requirió al empresario que aporte información completa sobre su vínculo con la obra, incluyendo presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y comunicaciones mantenidas con Adorni o con su esposa, Bettina Julieta Angeletti, titular del inmueble. Tabar deberá presentar «toda constancia respaldatoria de pagos», así como datos precisos sobre los medios de cobro utilizados.
La vivienda fue adquirida por Angeletti en noviembre de 2024, incluyendo el pago de una tasa de ingreso al barrio. Ante la falta de respuestas previas, la fiscalía volvió a solicitar a la administración del country detalles sobre ese pago y las expensas.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa vinculada a su entorno, con el fin de examinar movimientos económicos entre 2022 y 2025.
La fiscalía también convocó a declarar bajo juramento a otras personas vinculadas a operaciones inmobiliarias recientes, entre ellas las vendedoras Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, además de Pablo Martín Feijoo y Juan Consentino. Todos deberán aportar material que permita reconstruir las transacciones, incluyendo comunicaciones digitales y documentos.
Uno de los ejes de la investigación es la compra de un departamento en el barrio de Caballito realizada en 2025 mediante un esquema de financiamiento poco habitual, donde las vendedoras actuaron también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con plazo de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo establece la devolución del inmueble, un punto que despertó dudas en la fiscalía.
La escribana que intervino en la operación, Adriana Mónica Nechevenko, defendió la legalidad del procedimiento en su testimonio, asegurando que «no hubo irregularidades» y que se trató de «una operación normal».
El caso tuvo su origen en una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien puso en duda la consistencia de las declaraciones juradas de Adorni, sugiriendo un incremento patrimonial significativo en poco tiempo. A partir de esa denuncia, la fiscalía avanza en reconstruir el recorrido del dinero y verificar la coherencia entre ingresos, bienes y operaciones realizadas.