lunes, 5 octubre, 2026

El Gobierno evalúa tres alternativas para evitar el rechazo del DNU 70 en Diputados

La oposición convocó a una sesión para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023, que deroga la Ley de Tierras. El oficialismo analiza opciones para impedir que el decreto pierda vigencia y negocia con gobernadores para evitar el quórum.

La convocatoria de bloques opositores de la Cámara de Diputados para sesionar el 15 de octubre y rechazar el DNU 70/2023, que deroga los límites a la venta de tierras a extranjeros, llevó al Gobierno de Javier Milei a evaluar al menos tres alternativas para impedir la caída del decreto. La oposición aún no cuenta con los votos necesarios, pero la presión de una movilización prevista para esa fecha añade un factor adicional.

Según fuentes parlamentarias consultadas, entre las opciones que analiza el oficialismo se encuentran negociar con gobernadores para que sus diputados no den quórum —se necesitan 129 presentes para abrir la sesión—, incorporar restricciones para la venta de tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o incluir esas restricciones en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como sugirió el diputado Miguel Pichetto. Desde la bancada oficialista afirmaron que «todas las opciones están arriba de la mesa».

El DNU 70/2023, que modificó o derogó normas sobre alquileres, comercio exterior, prestaciones de salud y trámites burocráticos, entre otras, fue rechazado por el Senado en 2024. Si Diputados hace lo mismo, todos sus artículos perderán vigencia. La oposición firmó el pedido de sesión 48 horas después del fallo de la Corte Suprema que devolvió vigencia al artículo 154 del DNU, que deroga la Ley de Tierras, y fijó la fecha para que coincida con la sexta marcha federal universitaria.

Los bloques opositores que firmaron la convocatoria —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia— suman 122 votos, siete menos de los necesarios para el quórum. Para alcanzar esa cifra necesitarían la presencia de todos sus miembros, y algunos espacios son heterogéneos. Además, entre los convocantes está Miguel Pichetto, quien sugirió una alternativa a la derogación del DNU en lugar de comprometer un voto en contra.

El oficialismo busca aprovechar los 15 días hasta la sesión para encontrar una forma de salvar el DNU. También procura imponer sus propios proyectos sobre discapacidad y morosidad, pero el objetivo principal es evitar que el decreto insignia de Milei caiga. Entre el oficialismo y la oposición se ubican los bloques de Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia, donde tienen influencia los gobernadores dialoguistas de Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca y Jujuy. El oficialismo busca allí el apoyo que necesita y advirtió a esos sectores que la caída del DNU podría generar un «caos administrativo», según fuentes parlamentarias.

Las tres alternativas que evalúa el Gobierno son las siguientes. La primera es negociar con los gobernadores para que sus diputados no den quórum. «Tenemos varias cartas. Bajar el quórum es una», señalaron en un despacho de La Libertad Avanza. Los gobernadores son clave porque solo entre los bloques «del medio» suman 15 votos, a los que se agregan unos 10 en Provincias Unidas. Algunos de esos jefes provinciales, como el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil o el jujeño Carlos Sadir, están en París como parte de la comitiva que acompaña a Milei en su visita oficial para la «Argentina Week». En el Congreso, varios oficialistas apuestan al diálogo que puedan entablar allí con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La segunda alternativa es volver a incorporar en el proyecto sobre Propiedad Privada algunas restricciones a la venta de tierras a extranjeros, como se preveía en el capítulo original que reformaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales y que Patricia Bullrich tuvo que retirar para aprobar el resto del texto y girarlo a Diputados. Pese a las extensas negociaciones, LLA nunca tuvo los votos para aprobar esa reforma, que enfrentaba un alto rechazo social. La Ley de Tierras que derogó el DNU 70 establecía un límite del 15% del territorio nacional, provincial o departamental para la venta de tierras a extranjeros. El proyecto de Propiedad Privada lo eliminaba, pero durante las negociaciones en el Senado el oficialismo decidió dejar la restricción, aunque la subía al 25%, y aceptó introducir una doble autorización entre la Nación y cada provincia. El proyecto no se empezó a tratar en Diputados. Con la urgencia de sostener el «mega DNU», el Gobierno evalúa ahora activar el debate de esa iniciativa que llegó del Senado e incorporar algunas de esas restricciones que había negociado con las provincias. Al momento es la alternativa más fuerte, según fuentes parlamentarias.

La tercera opción, menos probable, fue planteada por Pichetto. El diputado de Encuentro Federal consideró que el Gobierno debería incluir las restricciones de la derogada Ley de Tierras dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que se discute como parte de la «agenda Malvinas» de Milei, y «dejar sin efecto el artículo 154 del DNU», lo que podría hacer con otro decreto. Sin embargo, al oficialismo no lo convence. Creen que poner restricciones a la venta de tierras para extranjeros en la Ley de Defensa de la Soberanía le daría la razón a los opositores que señalan que vender un terreno rural productivo a una persona extranjera es contrario a la soberanía, lo cual va en contra de la filosofía del Gobierno. «Tiene lógica desde la perspectiva de los libertarios que los límites no vayan en esa ley específica», comentó un experimentado operador parlamentario.

La opción de incluir restricciones en el proyecto de Propiedad Privada también tiene riesgos para La Libertad Avanza. Para restarle apoyo a la oposición deberían apurar el inicio del debate en comisiones antes del 15 de octubre. Pero además, si lograran aprobarlo en el recinto, debería volver al Senado, donde el capítulo que modificaba los límites para la extranjerización ya fracasó. En aquel debate, la reforma de la Ley de Tierras no prosperó porque al oficialismo le negaron el apoyo gobernadores dialoguistas como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que los senadores vinculados a Sáenz y Jalil también se mostraron reticentes a acompañar a LLA en ese proyecto. Son los mismos gobernadores a los que ahora necesita en Diputados para evitar que se rechace el DNU. La incógnita es si el nuevo contexto, con los riesgos implícitos de la caída del decreto, los hará cambiar de idea y apoyar una iniciativa a la que le dieron la espalda hace dos meses.

La presión «de la calle» es otro factor que enfrenta el Gobierno de cara a la sesión. En las filas oficialistas reconocen que no sabían que la Corte iba a reactivar el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras. Los jueces del máximo tribunal aclararon que solo resolvieron sobre una cuestión de procedimiento y no se expresaron sobre la validez del decreto ni de los límites a la venta de tierras a extranjeros. Pero en cualquier caso, a La Libertad Avanza le generaron un problema. El rechazo a la modificación de la Ley de Tierras ya se había hecho sentir durante el debate en el Senado y ahora se mezclará con el reclamo por el financiamiento de las universidades y los hospitales universitarios, mientras en la agenda aparecen además la discusión sobre los fondos para el área de discapacidad y la situación de los endeudados en mora.

Los diputados del peronismo dejaron en claro que la elección del día para la sesión apunta a complicar aún más la situación al oficialismo. «Si el pueblo se moviliza volteamos la extranjerización de la tierra y todo el nefasto DNU del Gobierno», sostuvo el diputado Juan Grabois. En un sentido similar, Cecilia Moreau afirmó que «el pueblo movilizado y los diputados en sus bancas vamos a frenar la extranjerización de tierras argentinas». Los próximos 15 días serán de trabajo político intenso para el gobierno de Javier Milei. La bancada oficialista de la Cámara de Diputados tendrá que maniobrar para evitar que el DNU 70 sea rechazado definitivamente. Todas las alternativas estarán sobre la mesa.

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