La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una sesión especial para el martes 6 de octubre a las 14 para aprobar los pliegos de los primeros 21 magistrados del nuevo Fuero del Trabajo. El consejero de la Magistratura porteña, Marcelo Meis, estimó que el fuero comenzará a funcionar entre fines de 2026 y febrero de 2027.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza en la implementación de su propio Fuero del Trabajo, una reforma que modifica la forma en que se tramitan los conflictos laborales individuales en su territorio. El proceso se puso en marcha tras la ratificación parlamentaria del convenio entre la Nación y la Ciudad, aprobado en la Legislatura porteña con 36 votos a favor, y la resolución del juez federal subrogante Enrique V. Lavié Pico, que dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía paralizada la transferencia de competencias.
El nuevo fuero tiene su origen normativo en la Ley 6.789, sancionada en 2024, que dispuso la creación de una Cámara de Apelaciones integrada por seis jueces, distribuidos en dos salas, y diez juzgados de primera instancia. La estructura se complementa con la Ley 6.790, que estableció el Código Procesal del Trabajo de CABA. A este esquema se incorporó el acuerdo firmado en febrero de 2026 entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, posteriormente convalidado por el Congreso mediante la Ley 27.802 y por la Legislatura porteña.
Durante el debate en el recinto, la diputada oficialista Gimena Villafruela sostuvo que la asunción de estas competencias constituye un acto de responsabilidad institucional, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema en los fallos Bazán y Levinas, que consolidaron el papel del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad en la revisión de las causas ordinarias.
Los ocho pasos para la puesta en marcha
La puesta en marcha efectiva de la Justicia Laboral porteña requiere completar una hoja de ruta con ocho instancias:
- Ratificación del acuerdo y destrabamiento judicial: la aprobación legislativa del convenio interjurisdiccional y el levantamiento de las restricciones cautelares establecieron el marco normativo necesario para avanzar con la transferencia.
- Selección de magistrados y elevación de pliegos: el Consejo de la Magistratura porteño realizó los concursos públicos de oposición y antecedentes. A diferencia del sistema nacional, elevó directamente a la Legislatura el orden de prelación de los candidatos en condiciones de ser designados, sin enviar ternas previas.
- Audiencias públicas y dictámenes: el 21 de septiembre de 2026, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, junto con la Comisión de Justicia de la Legislatura, llevaron adelante la audiencia pública correspondiente y emitieron dictámenes favorables para cubrir 21 cargos.
- Votación de los pliegos: la Legislatura porteña convocó a una sesión especial para el martes 6 de octubre a las 14, en la que está previsto aprobar formalmente las designaciones de las primeras autoridades del nuevo fuero.
- Aprobación de las leyes complementarias: el Ejecutivo porteño remitió tres proyectos: modificaciones al Código Procesal del Trabajo, creación del SECLO porteño y reformas a la Ley 7 de Organización Judicial.
- Transferencia presupuestaria y de recursos: la Nación y la Ciudad deberán negociar los convenios específicos para instrumentar el traspaso de partidas presupuestarias, inmuebles y personal judicial, conforme al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y la cláusula décima del acuerdo marco.
- Adecuación edilicia y tecnológica: será necesario finalizar las obras de infraestructura y la instalación de los sistemas informáticos en el edificio asignado para el funcionamiento del fuero, ubicado en la calle Alsina.
- Inicio de actividades y transición gradual: una vez habilitados los tribunales, comenzarán a recibir nuevas demandas laborales individuales. Los expedientes iniciados con anterioridad permanecerán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización.
Cuándo comenzará a funcionar
En una entrevista radial, el consejero de la Magistratura de la Ciudad Marcelo Meis anticipó que el objetivo es poner en funcionamiento el fuero entre fines de 2026 y febrero de 2027.
«Estamos trabajando sobre la implementación de todo lo que es el fuero laboral, que va a estar ahí en la calle Alsina, en un edificio muy bueno que se ha conseguido. Calculamos que entre fin de año y febrero vamos a tener el fuero funcionando», explicó.
Meis también destacó las particularidades del mecanismo de selección de magistrados utilizado por el Consejo porteño.
«Nosotros ya hemos enviado el listado de los jueces. Dentro de los beneficios de la estructura del Consejo de la Magistratura de la Ciudad es que hacemos todo el proceso de designación; en base a antecedentes y examen establecemos el orden de prelación y mandamos directamente quiénes están en condiciones de ser nombrados, no mandamos terna», precisó.
Los 21 postulantes que ya atravesaron la instancia de audiencia pública corresponden a seis jueces de Cámara, un fiscal de Cámara, diez jueces de primera instancia, dos fiscales de primera instancia, un asesor tutelar de Cámara y un asesor tutelar de primera instancia.
El próximo paso ya tiene fecha: la Legislatura convocó a una sesión especial para el martes 6 de octubre a las 14, en la que está previsto aprobar los respectivos pliegos.
Declaraciones sobre la Justicia Nacional del Trabajo
Durante la entrevista, Meis también se refirió al debate sobre las resistencias al traspaso judicial dentro del Fuero Nacional del Trabajo y cuestionó los tiempos de resolución de los expedientes.
«Pasaron 30 años y pudimos acelerar este proceso a través de una decisión de la Corte. Los jueces se resisten, pero la verdad es que si su fuero fuera una maravilla y resolvieran los expedientes en un año y medio como ocurre en la Ciudad te diría que sí; pero en un fuero donde tenés cinco, diez o 15 años para resolver un caso, a mí me daría vergüenza», sostuvo.
En ese sentido, agregó: «Lo importante no es el estatus, sino lo que la gente opina de la tarea que desarrollamos porque somos funcionarios públicos».
El consejero defendió, además, el modelo de gestión del Poder Judicial porteño y aseguró que el Consejo de la Magistratura mantiene un esquema de cercanía cotidiana con jueces y empleados. A su entender, fortalecer los canales de comunicación institucional será fundamental para reducir la incertidumbre entre los trabajadores judiciales alcanzados por el proceso de transferencia.
Las tres leyes complementarias
Además de la designación de los magistrados, el Ejecutivo local remitió a la Legislatura un paquete de tres iniciativas destinadas a completar la estructura normativa del nuevo fuero.
La primera contempla modificaciones al Código Procesal del Trabajo de la Ciudad, aprobado originalmente mediante la Ley 6.790 en 2024, con el objetivo de adecuarlo operativamente al esquema de competencias transferidas desde la Nación.
La segunda propone la creación de un SECLO porteño, es decir, un organismo de conciliación laboral obligatoria que funcionará bajo la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la tercera iniciativa introduce reformas a la Ley 7 de Organización del Poder Judicial local, necesarias para adaptar su funcionamiento a la incorporación de la nueva competencia.
Respecto del tratamiento del paquete legislativo complementario, el oficialismo no da precisiones sobre los tiempos aunque asegura que su voluntad es «trabajar y generar un consenso entre los distintos espacios políticos para que se pueda avanzar la discusión parlamentaria».
Financiamiento del traspaso
El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad establece una instancia posterior de negociación entre ambos gobiernos para garantizar que el traspaso de competencias esté acompañado por los recursos correspondientes.
Qué juicios laborales pasarán a la Ciudad
Según el esquema de transferencia acordado, la Justicia Laboral porteña tendrá competencia sobre las relaciones individuales de trabajo dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Esto comprende, entre otras cuestiones, demandas por despidos, diferencias salariales, indemnizaciones y accidentes de trabajo vinculados con las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
En cambio, los conflictos colectivos, la materia sindical, las causas relacionadas con el Pacto Federal del Trabajo y los juicios en los que sea parte el Estado nacional permanecerán bajo la jurisdicción federal.
Una de las principales definiciones del convenio está relacionada con el tratamiento de los expedientes que ya se encuentran en trámite. Para evitar una paralización del servicio de justicia, se estableció un régimen de transición gradual: todos los juicios iniciados antes de la apertura oficial del fuero porteño continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización.
De esta manera, únicamente las nuevas demandas presentadas con posterioridad a la fecha de inicio operativo deberán radicarse ante los juzgados de la Ciudad, siempre que correspondan a las competencias transferidas.
En paralelo, la administración nacional avanzará con una reducción progresiva de la estructura judicial residual mediante el congelamiento de vacantes, el cierre de 30 juzgados nacionales inactivos y el cese de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Con los dictámenes correspondientes a los primeros 21 cargos listos y una sesión especial convocada para el 6 de octubre para aprobar los nombramientos, la sede de la calle Alsina definida y el debate de las leyes complementarias en marcha, la Ciudad se aproxima a una nueva etapa en la administración de los conflictos laborales.