La Oficina del Presidente informó que se ampliarán las denuncias penales contra empresas que operan en la Plataforma Continental Argentina, alcanzando a directivos y ejecutivos de siete compañías. Las acciones se tramitan ante el Juzgado Federal N°12.
El miércoles, la Oficina del Presidente informó que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.
Según trascendió, las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades.
En total, los escritos identifican a 27 personas físicas. Si se cruzan esos nombres con los otros 60 directivos y profesionales incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, se observa que 16 de ellos no figuraban en las listas anteriores.
El objetivo de esta nueva etapa no se limitará a determinar qué empresas, accionistas o proveedores participan de los emprendimientos petroleros, sino también establecer quién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quiénes intervinieron en la contratación y quiénes asesoraron jurídicamente. Esto implicará la ampliación de procesos judiciales preexistentes y la apertura de otros nuevos.
Empresas señaladas
De acuerdo a la información que circula en el ámbito judicial, las empresas mencionadas son:
- Rockhopper Exploration y Rockhopper Exploration Limited
- Borders & Southern Falkland Islands Limited
- Borders & Southern Petroleum PLC
- Desire Petroleum Limited
- Navitas Petroleum Limited Partnership
- Navitas Petroleum Development & Production Limited
- Eco Oil & Gas Ltd
En el listado también figuran ejecutivos de las empresas, entre los que se destacan: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.
El informe destaca a Tadmor y Katz como vice chairman, Kornhauser como CEO, Rosenberg como CFO, Abramov como Vice President General Counsel; Sorek como Vice President Subsurface & Operations, Bernheim como Chief Commercial and M&A Officer y Sternberg como CEO de Navitas USA.
La nueva presentación suma a cinco directivos de Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor. La denuncia considera a esa subsidiaria una pieza central de la estructura operativa de Sea Lion, donde Ramsey figura como CEO y Bamford como COO, con responsabilidad sobre la ejecución y operación del proyecto. Armstrong está asociado al área de subsuelo y exploración; Gvura, a las finanzas; y Taylor figura como Asset Director de Sea Lion, con funciones relacionadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.
En otra parte de la denuncia, el Gobierno sostiene que esos ejecutivos ocupan posiciones vinculadas con «decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas» en relación con las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.
Ejecutivos de Eco Oil & Gas y Borders & Southern
La ampliación de la denuncia incluye, además, a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson. Los seis primeros ya habían sido identificados en procedimientos administrativos anteriores. La novedad es que ahora aparecen incorporados al objeto de una investigación penal y se agrega Emily Ferguson, cuyo nombre no figuraba en la nómina anterior.
Holzman aparece como presidente y CEO, y Levin como CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.
También figuran en la denuncia las empresas Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum. En la presentación referida a Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC, se individualiza a otros siete directivos: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest. Dobson ya había aparecido entre los nombres difundidos en la anterior denuncia administrativa y los otros seis se suman a los ejecutivos y técnicos que el Gobierno quiere investigar.
En esta nueva denuncia, la novedad es que, a diferencia de la anterior, ya no queda restringida a Sea Lion, ya que Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero ubicado en el área de Malvinas. De acuerdo a la documentación incorporada, Borders & Southern Falkland Islands Limited aparece como operador con una participación del 100% en esa licencia.
El documento explica que su individualización busca determinar «quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones» vinculadas con las actividades petroleras investigadas.
Los propios escritos establecen una cautela jurídica: la aparición de los nombres no equivale a una imputación automática ni supone que exista responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.
Declaraciones del Gobierno
El último comunicado del miércoles de la Oficina del Presidente describe que «las recientes denuncias son motorizadas por el canciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, y están patrocinadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Se tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, con la intención de incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion».
Además, destaca que «el Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional. Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos».
Por último, menciona que «el Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables».