La sociedad que operaba los activos de la ex Cresta Roja formalizó el pedido ante la Justicia Comercial. El grupo avícola acumula despidos, suspensiones y una deuda total estimada en US$350,9 millones.
Wade SA, una de las tres sociedades que integran el Grupo Granja Tres Arroyos (GTA), inició formalmente el pedido de convocatoria de acreedores, según confirmaron fuentes de la empresa. La presentación se produce en el marco de una crisis financiera y operativa que la compañía atraviesa desde fines de 2024.
El Grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA (unidades 1 y 2) y Avex SA. El intento de reestructuración financiera privada que la compañía llevó adelante durante parte de este año contemplaba en conjunto las obligaciones de las tres firmas, con un pasivo total cuantificado en US$350,9 millones.
Quién es Wade y qué rol cumple dentro de GTA
Wade es la sociedad que quedó al frente de los activos de la ex Cresta Roja, que fue la segunda avícola más importante de la Argentina. Fundada por los hermanos Milenko e Ivo Rasic, aquella empresa llegó a emplear a cerca de 3.700 trabajadores y a controlar alrededor de un quinto del mercado avícola nacional, con exportaciones de carne aviar hacia Venezuela durante los gobiernos kirchneristas.
La caída de esos pagos, estimada en unos US$65 millones, y el recorte de subsidios llevaron a Cresta Roja a la convocatoria de acreedores en 2013 y a la quiebra en 2015.
El primer intento de recuperación quedó en manos de Proteinsa SA, la firma del empresario Santiago Perea, que en 2016 se había impuesto con el respaldo del banco brasileño BTG Pactual a una oferta conjunta de Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen. Ese intento fracasó a los pocos meses. Recién en diciembre de 2018, en el marco del concurso preventivo de Proteinsa SA, la Justicia autorizó que Wade SA se quedara con los activos que aquella firma había recibido de la quebrada Rasic Hermanos. Con esa operación, GTA pasó a controlar cerca de un cuarto de la faena total de pollo del país, y Wade quedó operando las plantas de Ezeiza (Wade 1) y de Esteban Echeverría (Wade 2), esta última con 450 despidos en las últimas semanas.
Los números de la crisis
GTA presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis a fines de 2024 y desde entonces encadenó suspensiones y cierres en distintas plantas:
- Pilar
- Avex Río Cuarto
- La China en Concepción del Uruguay, con más de 250 despidos que la empresa vinculó a la caída de actividad por la gripe aviar
- Capitán Sarmiento, paralizada desde fines de agosto por problemas de suministro eléctrico, según el argumento de la compañía
A comienzos de septiembre se sumaron cerca de mil telegramas de despido en apenas dos días entre las plantas de Capitán Sarmiento, El Jagüel y Pinazo, con el mismo argumento usado en rondas anteriores: una «grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora» por circunstancias que la empresa calificó de extraordinarias.
Hasta la fecha, Granja Tres Arroyos acumula unos 1.730 trabajadores desvinculados entre sus establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos, más de una cuarta parte de una dotación que llegó a rondar los 7000 empleados. El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, dictó a comienzos de mes una conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó reincorporar a 1200 de esos despedidos, mientras se abre una instancia de negociación con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires.
En Capitán Sarmiento, donde la planta es uno de los principales empleadores del distrito, la situación derivó en ollas populares y entrega de bolsones de alimentos para las familias afectadas, y la intendenta Fernanda Astorino le reclamó al presidente de GTA, Joaquín De Grazia, la conformación de una mesa de diálogo.
Según registros del Banco Central, el grupo acumula una deuda que incluye miles de cheques sin fondo:
- 6.682 cheques rechazados por $113.652 millones
- Una deuda bancaria cercana a los $3.368 millones
- Unos $277 millones categorizados como de alto riesgo de insolvencia
- $561 millones como créditos «con problemas»
El frente judicial
Según documentación judicial, antes de recurrir a la convocatoria Wade ya enfrentaba una fuerte presión de sus acreedores en la Justicia Comercial: al menos ocho pedidos de quiebra promovidos por seis acreedores distintos, con reclamos por más de $2000 millones entre capital e intereses liquidados.
Sumando otras cuatro causas comerciales contra el grupo, los reclamos judiciales trepan a $1657 millones de capital más una ejecución por US$115.000. Con las previsiones fijadas judicialmente para intereses, costas y accesorios, ese total podía superar los $2638 millones, aunque esa cifra no equivale a una deuda firme.
Un intento de salida privada que no prosperó
Antes de llegar al concurso, GTA había contratado a Valo Columbus, la banca de inversión del Banco de Valores, para diseñar una salida financiera que abarcara a Granja Tres Arroyos, Avex y Wade en conjunto. El esquema contemplaba la renegociación de obligaciones comerciales, fiscales y financieras, la búsqueda de inversores o nuevos socios, el ingreso de capital privado y la venta de establecimientos considerados no esenciales, entre ellos la planta Wade 1 de Ezeiza.
La propuesta incluía quitas de hasta el 75% del capital para algunos acreedores y plazos de pago de hasta siete años. Las negociaciones no llegaron a buen puerto.
El interrogante sobre Granja Tres Arroyos SA
Con Wade ya en convocatoria, la pregunta que circula en el sector avícola es si Granja Tres Arroyos SA seguirá el mismo camino. Fuentes de la empresa confirmaron a este medio que el pedido de convocatoria de Wade ya está formalizado, pero por ahora no hubo confirmación oficial de que la controlante del grupo vaya a presentar lo mismo.
Se trata, todavía, de una versión que corre entre acreedores, proveedores y trabajadores del sector, aunque no menor si se tiene en cuenta que las tres sociedades del grupo negociaban su pasivo de manera conjunta.
Qué implica la convocatoria de acreedores
El concurso preventivo abre una instancia judicial destinada a ordenar el pasivo de una empresa y buscar un acuerdo con sus acreedores que le permita seguir funcionando. Una vez dispuesta la apertura y publicados los edictos, la Ley de Concursos y Quiebras suspende, con determinadas excepciones, los juicios de contenido patrimonial originados en causas o títulos anteriores a la presentación, y obliga a los acreedores a canalizar sus reclamos dentro del proceso concursal.
Para Wade, eso significa que la puja judicial que venía sosteniendo con bancos y proveedores pasará ahora a dirimirse dentro del expediente concursal, bajo supervisión de la Justicia Comercial.