El club San Lorenzo comunicó que afronta tres embargos por deudas heredadas de gestiones anteriores, con un saldo que supera los USD 650.000. Las retenciones corresponden al exjugador Gonzalo Maroni, al representante de los hermanos Pittón y al club Independiente de Villa del Rosario.
San Lorenzo informó que en los últimos días debió enfrentar tres embargos distintos por deudas heredadas de directivos anteriores, que acumulan un saldo que supera los USD 650.000. La dirigencia, liderada por Marcelo Culotta, indicó que la situación se suma a un pasivo de más de 60 millones de dólares asumido al inicio de su gestión.
Los embargos corresponden a deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón) e Independiente de Villa del Rosario (club de formación de Nicolás Reniero).
En el caso de Maroni, quien llegó al club en 2022 durante la gestión de Horacio Arreceygor, se trabó un embargo de USD 261.250, más USD 83.000 en concepto de honorarios profesionales por el juicio y su ejecución. La dirigencia aclaró que los abogados que actualmente representan al club no cobrarán remuneraciones, a diferencia de gestiones anteriores.
Por el representante de Bruno y Mauro Pittón, jugadores que arribaron en 2019 cuando Matías Lammens era presidente y Marcelo Tinelli vicepresidente, la retención se realizó sobre los ingresos de la empresa que desde 2024 administra los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital es de USD 175.000, más USD 52.500 por intereses y costas.
En tanto, la venta de Nicolás Reniero en 2019 a Racing de Avellaneda, durante la misma gestión, generó una deuda por el porcentaje sobre derechos de formación a Independiente de Villa del Rosario. Ese club ejecutó un embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por $68.678.400 (70%), más $105.000.000 de intereses y costas, sumas equivalentes en total a USD 113.145.
San Lorenzo señaló en el comunicado que continúa trabajando en la regularización y readecuación de deudas heredadas, con el objetivo de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales.